Alrededor de una decena de antitaurinos que el pasado 21 de julio trataron de parar la celebración del «bou embolat» en Puçol colocándose «piló» en el que se iba a atar al toro, han sido sancionados con 600 euros cada uno por «haber puesto en peligro a la población y a las personas que estaban en el evento».
Esta sanción instruida por la Guardia Civil tras recibir un informe de la Policía Local, corresponde a la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (también conocida como «Ley Mordaza») en la que se establece como falta leve (de 100 a 600 euros) «la celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores», «exhibir objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio» e «incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo».
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio (la ley se aprobó el 1 de julio) cuando un grupo compuesto por una decena de personas irrumpió en el recinto acotado para celebrar el «bou embolat» mostrando carteles críticos contra el festejo. Según explicó la manifestante que el pasado martes participó en el pleno, su intención era denunciar la muerte una semana antes de dos toros «por un golpe de calor» mientras se encontraban en un corral de la localidad.
La aparición de los antitaurinos cuando los organizadores estaban a punto de sacar el toro del cajón para embolarlo, fue recibida con animadversión por los aficionados a los «bous» que se enfrentaron a ellos. Por suerte, la presencia de miembros de la comisión organizadora de los festejos, que mediaron entre ambas partes, evito que el enfrentamiento pasase a mayores. A continuación, la Policía Local identificó y desalojó a los manifestantes, mientras el festejos continuaba con total normalidad.
Preguntado durante el pleno por la manifestante sancionada, el alcalde de Puçol, Enric Esteve, explicó que la Policía Local identificó y realizó el informe sobre lo sucedido, y se lo transmitió a la Guardia Civil, que es la que ha instruido la sanción. «Hacerlo era obligación de la Policía „subrayó el regidor de Compromís en su intervención„. Hay una ley, y aunque no nos guste, mientras esté hay que cumplirla».
