La empresa que aún suministra el agua potable en Silla (lo hace en precario desde hace meses) ya no tendrá que retornar a los vecinos el millón de euros que EU calculaba que les había cobrado de más desde 2010. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado la demanda interpuesta contra el ayuntamiento por el edil de esa formación política, Valentín Mateos (ahora en el gobierno local), quien pretendía que las tarifas del agua se calculasen en base a los precios de 2005, cuando el servicio se adjudicó por primera vez.
El recurso pedía anular las ordenanzas que el consistorio aprobó hace un año y en las que establecía las tarifas del agua entre 2011 y 2014. A la hora de fijar esas tasas se valió de los precios de 2009, mientras que Mateos entendía que debía tomar como referencia los de 2005, puesto que para ese entonces el juez ya había anulado la adjudicación del contrato y había ordenado retrotraer el proceso administrativo al momento previo a la concesión del servicio: 2005.
Sin embargo, en su sentencia, el tribunal considera que aplicar «las tarifas de 2005 en 2010 carece de fundamento, pues sería contrario a los principios rectores del contrato concesional, en particular del equilibrio financiero» que el concesionario (el consistorio, en este caso) debe respetar para que a la adjudicataria le resulte rentable prestar el servicio.
«La tarifa de un contrato administrativo de prestación de servicios „insiste„ no es sino la retribución que recibe el concesionario por el servicio que presta». Y la «revisión de precios „aclara„ no es una potestad de la administración, sino un deber para mantener el equilibrio económico».
Los pliegos «no se anularon»
Además, el TSJ destaca que, en 2009, el pleno municipal de Silla «aprobó la revisión de las tarifas del agua sobre la base de los pliegos de condiciones» y que estos «no fueron afectados por los pronunciamientos» judiciales que en 2008 anularon la adjudicación del contrato. De hecho, subraya el tribunal, la concesión se invalidó, pero los pliegos jamás «fueron anulados».
Entre 2011 y 2014, la suministradora aplicó en los recibos del agua potable unas tarifas que el ayuntamiento jamás aprobó. La firma había planteado varias subidas de precio a las que el consistorio nunca contestó, pero acabó aplicándolas al conseguir el visto bueno de la Comisión de Precios del Consell. En 2013 Mateos denunció esos aumentos supuestamente «ilegales» y, desde entonces, Silla reclama a la mercantil la devolución del dinero cobrado de más.
