La moratoria afecta a 2.300 hectáreas (2.300.000 metros cuadrados) de suelo no urbanizable común; 2.000 hectáreas de suelo urbanizable común y entre 10 y 15 mil hectáreas —en este suelo la intervención administrativa está condicionada por posibles reclamaciones de indemnización— de suelo urbanizable ya programado. La Generalitat concede a esta iniciativa las características de «plan de choque» destinado a «proteger el suelo del litoral valenciano del urbanismo desaforado de los últimos años», ha asegurado la consellera.
