La presión de los sindicatos respecto a la necesidad de dotar a la Policía de chalecos antibalas no se limita a los consistorio. «El decreto que regula la uniformidad no recoge la obligación, cuando se ve que cada vez es más necesario que cada agente tenga uno. Por eso queremos que la Generalitat cambie la normativa y que también ayude a los municipios más pequeños a comprarlos», explicaron fuentes del sindicato Spplb. En este sentido, el sindicato reconoce que los chalecos «son caros» pero que las compras colectivas permiten rebajar los precios «a los 400 o 500 euros». «El peligro de un navajazo o de que te peguen un tiro es igual en un municipio grande que en uno pequeño. Un policía no tiene por qué estar más protegido en Torrent que en Godella».