El Ayuntamiento de Torrent ha retirado el pago de 21 facturas firmadas por el anterior gobierno del PP relativas a gastos festivos de 2011 después de que el grupo municipal de Compromís haya detectado que se les había aplicado un IVA del 21 % en vez del 18 % que regía en el año en el que se prestaron los servicios y suministros facturados.
Según ha explicado Compromís en un comunicado, en la Comisión de Economía del pasado 24 de noviembre se abordó el estudio y debate del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 7/2015 por un importe total de 165.083 euros. «En este reconocimiento extrajudicial figuraban 21 facturas de fiestas procedentes del año 2011 por un valor de 55.731 euros que fueron presentadas por la mercantil Alvir Espectáculos S.L con fecha de 2 de junio de 2015 y validadas por el anterior gobierno municipal entre los días 10 y 12 de junio». Es decir, y tal como subraya la formación que encabeza Pau Alabajos, un día antes del pleno de investidura de la nueva corporación municipal 2015-2019.
«Entre las mismas —subraya la formación— destaca una factura de alquiler de sillas por el concierto de Raphael, del 30 de julio de 2011, por un importe de 2.420 euros».
Alabajos explica en su comunicado que «aparte de la extrañeza por la presentación de facturas cuatro años después de producirse los gastos devengados, desde Compromís se alertó que si se admitían a reconocimiento con ese IVA se produciría un quebranto económico para el Ayuntamiento de Torrent por la diferencia del 3 % del impuesto». Por ello, estas facturas fueron retiradas en la misma Comisión de Economía en la que se presentaron, no formando parte por lo tanto del Pleno Ordinario del mes de diciembre.
El pasado mes de julio, semanas después de obtener la vara de mando, el alcalde Jesús Ros, acompañado por el edil de Hacienda, Andrés Campos, ya denunció en una rueda de prensa que esta empresa de espectáculos había tramitado entre el día de las elecciones (24 de mayo de 2015) y la toma de posesión (13 de junio) facturas por más de 234.000 euro por trabajos realizados desde el ejercicio 2010 y que están pendientes. Campos aclaró que del total del importe, cerca de 139.000 euros pertenecen a los ejercicios 2010 y 2011, «cuando la exconsellera María José Català era alcaldesa». Para este paquete de facturas se va a iniciar un expediente de prescripción por considerarse que han caducado, al haberse presentado más de cuatro años después de hacer los trabajos.
