«Torrent es una ciudad con un presupuesto que supera los 50 millones de euros pero su gestión es indirecta en muchas áreas». Así de contundente se mostró ayer el alcalde Jesús Ros cuando se le pregunta por el caso Nova Vida, una entidad fundada por el concejal del PP que recibió numerosas subvenciones municipales durante los ocho años de gobierno popular y que el actual consistorio socialista ha solicitado que acredite con documentos.
Ros, durante un desayuno con la prensa, explicó que la comisión informativa aprobada la pasada semana para analizar uno por uno los «70 u 80 convenios firmados» por el ayuntamiento con entidades, colectivos y empresas «tiene como objetivo velar por los intereses de los ciudadanos, saber en qué se gasta el dinero» el consistorio y «si es necesario ese dispendio». El alcalde puso varios ejemplos.«Hay una empresa que abre y cierra los campos de fútbol y se le paga por ello y hay otra la empresa que gestiona el teléfono de atención ciudadana 010. ¿Es necesario pagar 90.000 o 100.000 euros por atender esas llamadas telefónicas? Pues eso es lo que queremos analizar, si es útil todo lo que pagamos», detalló.
La comisión informativa, que arrancará con el nuevo año, estará compuesta por un representante de cada grupo municipal y por el secretario del Ayuntamiento. «Depende del convenio que se analice se requerirá la presencia de un técnico del área correspondiente para que dé todas las explicaciones pertinentes», explicó Ros, que espera que el PP asista a cada reunión de la comisión aunque votó en contra. El alcalde torrentino ironizó sobre las críticas populares a la fiscalización del nuevo gobierno respecto a los convenios con Nova Vida afirmando que uno «hila muy fino cuando gestionan otros pero cuando le afectan a uno casos sobre su gestión la cosa cambia».
El alcalde dejó claro que colectivos o empresas gestionen servicios «no es ni bueno ni malo, es una manera de gestionar que se ha hecho durante años» y vaticinó que «casi seguro más de un 90% de los convenios suscritos seguirán». Ros no quiso avanzar si el acuerdo con Nova Vida será el primero que analizará la comisión ya que «habrá convenios que vencerán en febrero o marzo y esos serán los que habrá que fiscalizar en primer lugar para ver si se prorrogan».
