La exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García Castelar, y su asesor jurídico, el ex secretario de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, se enfrentan a 9 años de prisión cada uno, según la petición de la Fiscalía, en el juicio por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y cohecho, que comenzó ayer en la sección tercera de la Audiencia de Valencia. En la misma causa también está imputado el economista, Rafael Parra Mateu, por malversación de caudales públicos, por lo que afronta 3 años de cárcel, y la Academia Valenciana de Juristas, como persona jurídica, por lo que se pide su disolución.

Durante la vista iniciada ayer y que se prolongará toda la semana, tanto Natividad García como José Antonio Sancho Sempere hicieron valer su condición de abogados para sentarse en el espacio reservado a los letrados (Sancho se defiende a sí mismo y también representa a la Academia Valenciana de Juristas), por lo que evitaron el banquillo de los acusados, que ocupó en solitario, Rafael Parra Mateu.

Esta situación provocó situaciones curiosas como el interrogatorio de Sancho Sempere a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, mientras ambos estaban sentados en el estrado de los abogados. Sancho también renunció a realizar un alegato ya que, al representarse a sí mismo, obviamente no podía autointerrogarse.

Los tres imputados defendieron la legalidad de sus actuaciones en el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals, que costaron 96.472 euros a las arcas públicas, entre 2009 y 2011. Un dinero gastado, según el fiscal, en informes que no aparecen, que resultaron inservibles o en «asesoramientos verbales» que se contrataron sin ningún tipo de concurso público y en contra del criterio de la secretaria municipal.

La ex alcaldesa de la Pobla, Natividad García, alegó al ser interrogada por el Fiscal Anticorrupción, que contrató los servicios de Sancho Samper por sus «conocimientos de derecho administrativo», al tiempo que atacaba a la secretaria municipal que cuestionaba sus decisiones porque «no contestaba, ni se comunicaba con los tenientes de alcalde. Mantenía una actitud hermética».

García, sin embargo, recurrió a la habitual falta de memoria cuando se le preguntó por la incompatibilidad de Sancho Sempere, que ejerció como interventor de la Pobla de Farnals durante dos meses, y que realizaba informes para el ayuntamiento, a través de la Asociación Valenciana de Juristas (AVJ). «No lo recuerdo», aseguró. También aludió a una supuesta ignorancia. «Jamás se me dijo que no se podían pagar esas facturas [abonadas a la AVJ]. Natividad García también admitió que recibió un préstamo de «5.700 euros de Sancho Sempere, para pagar las puertas de la reforma de mi casa» (por e

l que aún litigan ambos, ya que no lo ha devuelto) y que llegó a realizar un trabajo para la AVJ como letrada.

Por su parte, Sancho Sempere alegó que «a mi nadie me contrató» en la Pobla de Farnals. «Yo asesoraba como representante de la AVJ», una opción que, defendió, podía realizar «porque tengo la compatibilidad para ejercer como abogado y secretario de Canet, donde he trabajado 25 años y donde cumplía tareas, no horarios». «¿Y no vio incompatibilidad en ser interventor y asesor?», le asestó el Fiscal Anticorrupción. «Yo no cobraba de la AVJ. No se abonó ninguna factura mientras yo fuí interventor. El problema lo tendría quien abonó las facturas», contestó Sancho Sempere.

Por último, Parra Mateu sólo quiso responder a su abogado para defender el informe del proyecto de presupuesto, que costó 2.360 euros pero que no se pudo usar «por la falta de respuesta del ayuntamiento, que no remitió una cantidad que faltaba». Estos mismos protagonistas se repiten en la «trama de las asesorías» que investiga el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia.