16 de diciembre de 2015
16.12.2015

Los funcionarios de la Pobla advirtieron, sin éxito, a la alcaldesa de las ilegalidades

La secretaria municipal confirma la situación «muy tensa y de acoso» con el asesor Sancho Sempere

16.12.2015 | 11:24
Los funcionarios de la Pobla advirtieron, sin éxito, a la alcaldesa de las ilegalidades

La secretaria y la interventora municipales de la Pobla de Farnals entre 2009 y 2011 han confirmado ante la sección tercera de la Audiencia de Valencia que tanto la ex alcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García Castellar, como su ex asesor e interventor accidental durante dos meses, José Antonio Sancho Sempere, desoyeron sus advertencias sobre la ilegalidad de los informes y facturas que se abonaban a la Agencia Valenciana de Juristas (AVJ). García Castellar y Sancho Sempere se enfrentan a 9 años de cárcel, cada uno, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y cohecho.

La secretaria municipal, que declaró en calidad de testigo al final de la jornada del lunes, confirmó al tribunal que hizo un informe en abril de 2009 «dudando de la contratación del ayuntamiento con la asociación de Sancho Sempere». La funcionaria justificó que hizo ese informe «porque era una situación extraña: Rajadell y Sancho Sempere decían que eran asesores pero no había facturas... Pero de pronto empezaron a aparecer facturas de la Academia Valenciana de Juristas... Eran informes suyos pero no venían firmados por él», explicó la testigo. Fueron informes «que no sirvieron para nada» y que, en algunos casos, no aparecen tal como constató la secretaria en un informe que ratificó ante el tribunal.

Cuando Sancho Sempere ocupó la plaza de interventor accidental «dijo que lo fiscalizaba todo favorablemente», lo que creaba una situación muy confusa. «La Academia Valenciana de Juristas a veces se decía que era él, a veces no».

La secretaria también reconoció ante el tribunal que «le comenté a la alcaldesa que no podía trabajar para la Academia Valenciana de Juristas, pero ella me respondió que no trabajaba para ellos y que Sancho sólo le dejaba usarlo como domicilio para recibir la correspondencia».

Estas advertencias, desoídas por los acusados, crearon «una situación muy tensa de Sancho conmigo. Muy tensa y de acoso. Me he sentido intimidada por él». Con la alcaldesa, la secretaria admitió que la relación era «difícil, porque siempre iba acompañada del señor Sancho. Yo tenía muy difícil informar, porque todos los documentos me los pasaban tarde y, lo que no sé, es como pude informar después».

La interventora municipal de la Pobla de Farnals también confirmó ayer que no encontró en el ayuntamiento «nada de los expedientes de modificación de créditos, ningún encargo, ni nada», pagado por el ayuntamiento a las empresas de los acusados. La funcionaria municipal, que ya no trabaja en la Pobla de Farnals, también explicó que informó en contra del pago de facturas por «la falta de firma de empleado público y por falta de prelación en el orden del pago». De hecho, algunas facturas se firmaban «solo con el conforme de la alcaldesa y yo lo advertí en un informe».

Durante la jornada de ayer también compareció, en calidad de testigo, el ex alcalde de la Pobla de Farnals, Jose Manuel Peralta, que fue el que originó la investigación al recibir «un anónimo en mi casa, con el que presenté una denuncia en la Fiscalía». Los hechos que se denunciaban «concretaban situaciones que nosotros habíamos denunciado desde la oposición y desde la que no se nos daba respuesta». Peralta, que recuperó en 2011 la alcaldía para el Partido Popular tras perderla por la moción de censura que presentó Natividad García junto a ediles del PSPV, confirmó que las «tensiones con la Academia Valenciana de Juristas, por nuestras denuncias cuando estábamos en la oposición». El ex alcalde confirmó que aquellos años se vivió «una situación convulsa» en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona. «La convulsión estaba en todos los departamentos por la moción de censura y no se daba ningún tipo de información a la oposición». Otros testigos que comparecieron fueron la actual interventora municipal y un empleado de la AVJ, imputado en la trama de asesorías.

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