Después de una década de tramitación, grandes expectativas y numerosas críticas de los colectivos en defensa del territorio, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana acordó ayer denegar la aprobación del expediente de homologación y el plan parcial de Gran Manises, uno de los dos macroproyectos que amenazaba miles de metros cuadrados de huerta en l'Horta Sud.
La comisión, presidida por el director general del Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando Calatayud, se basó en el «nuevo modelo urbanístico y sostenible de la Generalitat» para dar carpetazo a este expediente, aunque se dará trámite de audiencia tanto al Ayuntamiento de Manises como a la empresa pública de la Generalitat Valenciana EIGE, que ha sustituido al antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda, impulsor de Gran Manises.
En su día, la alternativa técnica del proyecto fue formulada por la mercantil «Tarea Promotora Valenciana de Vivienda», una empresa mixta que estaba participada por el Ivvsa, y una de las firmas de Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal —en dos de las piezas— y Gürtel. Este plan fue impulsado en la etapa de Rafael Blasco como conseller de Territorio, como otros dos macroproyectos igual de polémicos, el Manhattan de Cullera, aún vigente, y Nou Mil·lenni de Catarroja, que tumbaron los tribunales tras una larga batalla iniciada por la abogacía del Estado.
En el caso de Gran Manises, que fue buque insignia también de la gestión del popular Enrique Crespo —dimitió por su imputación en el caso que investiga el saqueo de la depuradora de Emarsa—, el objeto que perseguía el proyecto era el desarrollo de una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, que en la actualidad está clasificado como no urbanizable, para convertirlo en mayoritariamente en residencial. En total, más de un millón de metros cuadrados se iban a destinar a la construcción de 9.000 viviendas, en torres de doce alturas. Además, se preveía destinar 67.150,50 metros cuadrados a terciario.
La Comisión de Urbanismo ha basado su informe desfavorable en el dictamen negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y en que Gran Manises «no se adecua al modelo territorial sostenible de la Generalitat», en cuanto a que la implantación de esta actuación incrementaría la superficie del suelo urbanizable del municipio, «contradiciendo con ello la normativa territorial y urbanística donde se promueve una proporcionada ocupación del suelo por los crecimientos urbanos y un modelo de ciudad compacta evitando una implantación urbanística dispersa».
La CTU considera que tampoco ha quedado justificada la viabilidad económica del plan, ya que el documento ha ido asumiendo cargas sobrevenidas como consecuencia de los distintos informes sectoriales recabados. Para Ferrando, estos proyectos no cabían en la «nueva política de racionalización del uso del suelo y no se ajustaban a las necesidades reales y de protección del medio ambiente». Según ha apuntado, la operación era «absolutamente desproporcionada y estaba mal dimensionada y planificada».
