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Concurso de acreedores

Paterna tendrá que pujar por suelo de su firma pública en suspensión de pagos

El ayuntamiento participará en la subasta para evitar que empresas privadas se hagan con la propiedad

El Ayuntamiento de Paterna pujará como un particular más en la subasta que tendrá lugar el próximo lunes de una parcela de suelo urbano para vivienda pública que el agente concursal de la empresa municipal Sumpa ha sacado a la venta. El equipo de gobierno que preside el socialista Juan Antonio Sagredo ha tomado esta decisión tras conocer una oferta por este mismo suelo de 543 metros cuadradso en la zona de Santa Gemma por parte de una constructora que ha ofrecido (Proara Inmuebles) 150.000 euros por esta propiedad.

El ejecutivo local paternero ha solicitado varios informes sobre el precio hasta el que podrá pujar en la subasta, informes que se darán a conocer al resto de representantes de la corporación ese mismo lunes antes de intentar la compra. Pero tal como publicó este periódico hace dos semanas y recordó ayer el propio Sagredo, en su día la Sumpa puso a la venta esta misma parcela por 1,16 millones de euros. «No podemos permitir que Paterna vaya perdiendo su patrimonio y menos obteniendo tan poco a cambio», señaló el regidor.

Según han explicado fuentes municipales, además del ayuntamiento y Proara Inmuebles, al menos cuatro mercantiles más han pagado la señal que les permitirá participar en la subasta. En el pleno municipal celebrado el pasado martes, la concejala de Paterna Sí Puede, Beatriz Serrano se preguntó quien «está detrás de esta operación inmobiliaria» y si la gerente de Sumpa «que sigue desde 2013 cobrando a costa de todas las y los contribuyentes de Paterna, es la responsable de este perjuicio a todos nosotros».

Ha sido el Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia el que ha aprobado la venta de bienes de Sumpa ya que esta se encuentra en concurso de acreedores tras ser declarada insolvente en 2013 por créditos impagados por 40 millones. Se trata de una parcela de 543 metros cuadrados de suelo residencial y terciario, y una edificabilidad de 3.423 metros cuadrados, donde la empresa municipal tenía previsto edificar alrededor de 35 pisos, además de garajes, trasteros y locales comerciales, todos ellos sometidos a régimen de protección pública. La parcela forma parte del inventario de «activos» incluidos en el «plan de liquidación».

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