El despacho jurídico que representa a la empresa que gestionaba hasta el lunes el complejo deportivo La Cotxera, y que decidió cerrar sus puertas dejando sin servicio a unos 600 usuarios y a ocho empleados despedidos, anunció ayer una batalla legal contra el ayuntamiento mediante un contencioso administrativo y una querella contra el concejal socialista Andrés Campos si no rectifica sus acusaciones.
El servicio de abogados argumentó a este diario que la decisión de cerrar las instalaciones «era conocida por el equipo de gobierno desde el 4 de diciembre» y que los motivos que le han obligado a ello son dos: pérdidas de 73.000 euros causadas por una grieta en el vaso de la piscina y la concesión de licencia de actividad a un gimnasio a cien metros del complejo.
«La primera semana de septiembre avisamos al consistorio de lo que iba a ocurrir con la apertura „el uno de diciembre„ de un gimnasio 'low cost' que abre 24 horas, 365 días al año. Eso lo prohibe la ley de contratos del sector público, que impide a la administración otorgar una licencia de actividad con posterioridad a haber dado una concesión a una empresa privada. Ese negocio es competencia a una concesión municipal», alegó el bufete. Las mismas fuentes señalaron que la apertura del gimnasio le ha hecho perder «300 abonados en dos meses» con pérdidas de «2.000 euros al día». Para el despacho «lo más coherente hubiera sido que el ayuntamiento hubiera revocado la licencia de actividad del negocio, que todavía no estaba abierto. Si hasta el secretario municipal no se explicaba quién había permitido esta locura». Según apuntaron, el permiso se «solicitó en época del PP pero la concedió el PSOE».
El otro punto de fricción ha sido una grieta en el vaso de la piscina. Cuando la gestora accedió a las instalaciones en 2011 ya advirtió de la incidencia y el Ayuntamiento «tenía un aval de la anterior concesionaria para repararlo» y en cuatro años y medio «no han hecho nada», incidieron, aunque admiten que las «pérdidas de 73.000 euros son una tontería con el problemón que supone el gimnasio». Y recordaron que la empresa invirtió en el complejo «medio millón al que ahora deberá hacer frente el ayuntamiento por el daño causado».
Además, el bufete reveló que populares y socialistas eran conocedores de los problemas de la piscina y de las advertencias de la empresa. «Hasta 25 documentos con registro de entrada „19 al PP y 6 al PSPV „presentó la gestora pidiendo soluciones y en las últimas semanas nos hemos reunido varias veces con Andrés Campos y técnicos municipales para buscar una solución. Es más, el 31 de diciembre visitaron las instalaciones y realizaron un informe de 108 fotos para reflejar cómo está el complejo antes de entregar la llaves ante notario para evitar que hubiera destrozos y acusaran a la empresa». En este sentido, sentenciaron que el ayuntamiento «sabía desde hace 15 días que se iba a cerrar el complejo».
Querella contra Andrés Campos
Y no acaba ahí la cosa. Los letrados anunciaron que se querellarán contra Andrés Campos por «prevaricación administrativa» por asegurar que el canon «no estaba pagado cuando hay documentos que así lo acreditan. Esas acusaciones demenciales y calumniosas no pueden quedar impunes y mentir públicamente tiene consecuencias». Además, revelaron que volvieron a solicitar en 2015 «el pago fraccionado mensualmente del canon como hicieron en 2014 y se les contestó favorablemente hace unas semanas». El servicio jurídico también detalló que la última visita de la inspección de Sanidad fue el 14 de octubre «con acta favorable y que los defectos leves se solucionaron al día siguiente».
Por su parte, el concejal Andrés Campos calificó de «barbaridad» y de «ir contra la lógica» que el Ayuntamiento «no pueda dar licencia de actividad a un negocio que cumple todos los requisitos. ¿Quién es el consistorio para impedir una apertura?. No podemos limitar la libre competencia». El regidor, que recordó que la gestora abonó el canon de 2014 pero adeuda el de 2015, insistió que la empresa «sufre problemas económicos pero no los ha acreditado» y es «muy grave abandonar una concesión así perjudicando a empleados y usuarios». Campos visitó ayer con el resto de grupos las instalaciones tras recoger las llaves en una notaría y mantiene que los afectados que lo deseen disfrutaran del servicio en Parc Central. Y a partir de mañana estudiarán las vías jurídicas «para velar por los intereses de Torrent».
