La brigada de obras del Ayuntamiento de Torrent ha colocado una valla provisional de seguridad en un grupo de adosados situados en el barrio de la Marxadella, que se construyeron pero no llegaron a ocuparse, con el fin de evitar que sigan los expolios y destrozos en el interior, además de eliminar situaciones de peligro para las personas que entren de forma irregular. Éste es el paso previo a la ejecución subsidiaria del tapiado de ventanas y puertas. Como ya denunció Levante-EMV en septiembre, esta promoción de casas estaba casi terminada desde hacía varios años. Los residentes de la zona denunciaron accesos irregulares y actos vandálicos en el interior que generaron alarma también a algunos padres y madres de la zona de colegios cercana.
De hecho, este grupo residencial de ocho unifamiliares ha sido vallado provisionalmente por el consistorio después de que los vecinos presentaran reclamaciones en el ayuntamiento, a partir de la pasada primavera, por el peligro de su estado. Este cercado temporal consta de una malla metálica sobre bases prefabricadas de hormigón, con una longitud aproximada de 80 metros para abarcar la totalidad del perímetro de fachada de las diferentes casas.
Construidos en 2008
Los adosados de lujo, que llevaban años casi terminados, fueron desvalijados por completo en los primeros meses de 2015, quedando con gran parte de sus puertas y ventanas arrancadas, los cristales rotos, y los equipamientos interiores robados y cubiertos de basuras y pintadas, consecuencia de continuados expolios, como informó este diario en septiembre.
Este núcleo de ocho unifamiliares se construyó entre 2007 y 2008, junto a lo que actualmente es la parroquia de San Juan Bosco, detrás de la zona escolar que conforman el instituto la Marxadella y el colegio La Encarnación.
El conjunto formaba una «L» y disponía de sótano, planta baja, primer piso, solarium y un pequeño jardín. Estaba completamente equipado y contaba con altas calidades de acabados.
Pero la sociedad promotora de las viviendas sufrió las consecuencias de la crisis, como otras mercantiles vinculadas al sector de la construcción, ya que no consiguió finalizar los unifamiliares y finalmente se declaró en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013, en un procedimiento que se sigue desde entonces en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia.
Fuentes del gobierno local han informado de que, como respuesta a las reiteradas denuncias interpuestas por los vecinos, desde el pasado mes de abril, se decretó por parte del consistorio, a principios de junio, una primera orden de ejecución para que los responsables de la promoción se cegasen todos los huecos de acceso a las viviendas y al garaje comunitario, para frenar así su progresivo deterioro.
Orden incumplida
La orden, que fue notificada a la propiedad y al administrador concursal, no fue atendida, por lo que el ayuntamiento ha colocado la valla y está tramitando una segunda orden, en este caso de ejecución subsidiaria, para la realización de las obras, que está previsto que se firme en las próximas semanas. En caso de que los dueños no lleven a cabo los trabajos en el plazo que se marque, sería la brigada de obras la que, a finales de enero, ejecutaría los trabajos, cuyo se cargará a sus titulares.
En la propuesta de decreto se concede un plazo de 10 días a la propiedad para llevar a cabo los trabajos que se han valorado en 1.500 euros. Si los titulares no autorizan a los operarios del consistorio acceder a las viviendas, sería necesario solicitar, como es habitual en estos casos, una orden judicial al juzgado por tratarse de una propiedad privada.
