Desde el año 2003, el Ayuntamiento de Puçol cede a las urbanizaciones Alfinach y Monasterios una parte de sus ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que las sociedades civiles particulares que gestionan estas zonas residenciales se encarguen del mantenimiento de sus calles, jardines y parques. Es decir, el consistorio paga el mantenimiento de estas zonas comunes, al igual que hace en el resto de la localidad, pero son las propias urbanizaciones las que gestionan ese dinero e incluso contratan a los trabajadores que limpian y cuidan las calles y jardines.
Todo ello se viene aprobando mediante los convenios que desde 2003 han ido firmando los diferentes gobiernos locales con las sociedades civiles de Alfinach y Monasterios. Y también lo hará este año el gobierno tripartito que preside Enric Esteve, líder de Compromís y enemigo de esta cesión del IBI mientras ha estado en la oposición. Por ello, y pese a haber firmado el acuerdo por el que en 2016 reintegrará el 20 % de los ingresos del IBI a ambas urbanizaciones „un total de 239.000 euros„, el ejecutivo puzolano pedirá al Consell Jurídic Consultiu (CJC) que se pronuncie sobre si esta cesión de impuestos es correcta y obligatoria.
«Las urbanizaciones insisten en que no están obligadas a pagar porque no son entidades de conservación mientras que nosotros vemos en las escrituras que la obligatoriedad de asumir los gastos de mantenimiento es de la sociedad civil», subrayaba ayer Esteve. «Por eso, ante la duda hemos decidido consultar al CJC que, aunque no es vinculante, no creo que nadie cuestione su criterio», añadió.
Por su parte, las urbanizaciones „representadas políticamente por el partido Pavalur, que el pasado diciembre votó a favor de los presupuestos municipales tras garantizarse la firma del convenio„ no tienen ninguna duda sobre la obligatoriedad de que el ayuntamiento deba pagar el mantenimiento de sus espacios públicos. «El ayuntamiento no paga a los vecinos de las urbanizaciones nada que no pague al resto de ciudadanos de Puçol „explicaba ayer Carlos Verdú, presidente fundador del partido„. Se cumple la justicia distributiva».
Pero no parece tan sencillo. En el mismo convenio firmado entre el ayuntamiento y las gestoras se recoge como en el plan parcial por el que se aprobó en la década de los 70 la construcción de Alfinach y Monasterios „con algunas de las viviendas más caras y exclusivas de la Comunitat Valenciana„«se impone la obligatoriedad de su mantenimiento y conservación a la propia sociedad urbanizadora».
«Cuando se proyectaron las urbanizaciones el ayuntamiento se quejaba del coste que supondría llevar el agua o la luz hasta aquí „explicaba ayer Verdú„, por eso los promotores aceptaron asumir todos los gastos. Pero después de haber pagado hasta el alumbrado público que tenemos yo creo que lo justo es que el ayuntamiento asuma los costes del mantenimiento».
Por ello, y según Verdú, a principios de este siglo las sociedades urbanizadoras interpusieron un contencioso contra el Ayuntamiento de Puçol «de más de cien millones» para que corriera con los gastos originados durante este tiempo. Ante esto (y sin que se resolviera el contencioso), el entonces alcalde José María Iborra (PSPV) aceptó en 2003 ceder el IBI recaudado en función del número de vecinos de Alfinach y Monasterios.
Pero era, como también se sigue recogiendo aún en los convenios, una cesión a la que el consistorio no está obligado: «considerando que el ayuntamiento conserva y mantiene todas las vías públicas y jardines de la localidad, es voluntad del ayuntamiento contribuir al sostenimiento de los servicios de conservación citados que realiza la propia urbanización, basándose en el principio de igualdad de trato a todos los vecinos de la población», reza, por ejemplo, el convenio firmado en 2012.
Lo que sí ha cambiado este año es el porcentaje transmitido a las sociedades gestoras, que pasa del 24 % que aprobó el PP en 2011 al 20 % que ambas partes acaban de acordar. Además, y tal como destaca el alcalde, si hasta ahora los acuerdos tenían una duración de cuatro años, el vigente es de un año en espera de que el CJC emita su informe.
