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Un juez investiga la venta de bienes de la fundación que desahuciará a una anciana

Josefa Martí será acusación popular tras denunciar a la entidad vinculada a la Iglesia por enajenar dos pisos

Josefa Martí, la anciana que la Iglesia ha intentado desahuciar en varias ocasiones de una vivienda de Mislata, afirma que está dispuesta «a morir de pie antes que vivir a» y ha entablado una batalla judicial contra la Fundación Francisco Balbastre con el fin de defender sus derechos y los de la familia de su hijo. De hecho, el juzgado número 1 de Mislata ya ha abierto diligencias previas después de que la propia anciana denunciara una supuesta venta irregular de bienes por parte de la entidad vinculada a la Iglesia y propietaria de la vivienda en la que reside la anciana y su familia.

La mujer de 83 años reside actualmente en la primera planta del 25 de la calle Mayor de Mislata. En la planta baja vive su hijo con su nieta de corta edad. Josefa llegó a un acuerdo hace meses con la fundación para seguir en su vivienda a cambio de un alquiler de 20 euros mensuales y de rehabilitar parte del inmueble para que su hijo y su nieta pasen a residir en esta zona y abandonen la planta baja. La entidad que preside el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles, pretende instalar allí un economato para Cáritas. Por este motivo, el desahucio del hijo de Josefa está previsto para este 9 de febrero.

Ante esta situación, Josefa ha contraatacado y se ha convertido en acusación popular tras la denuncia presentada ante el Juzgado de Mislata en la que solicita que abra «diligencias de investigación penal» para dilucidar si «el haber dispuesto de determinados bienes que integraban la Fundación Francisco Balbastre, bien con un arrendamiento no autorizado o bien con enajenación a terceros» han podido «constituir una infracción penal».

En concreto, la denuncia apunta que entre los bienes que la fundación registró a su nombre, entre ellos la vivienda de Josefa Martí, «figuraban dos casas ubicadas en el 28 y 30 de la calle Buen Pastor» del municipio y que «fueron derribadas para construir una vivienda unifamiliar». El escrito señala que en el Registro de Fundaciones «no consta el correspondiente permiso para la enajenación» de esos inmuebles. La anciana solicita que se tome declaración al presidente de la fundación y los compradores de la vivienda —dividida al 65 % y al 35 % entre un hombre y una mujer según el Registro de la Propiedad— y asegura que «los indicios apuntan a que la voluntad defraudada del testador al incumplirse la causa constitutiva misma de la Fundación como era construir un hospital para enfermos, esconde la voluntad deliberada de apropiarse de unos bienes y recursos».

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