El pleno de Alboraia aprobó el pasado lunes la obligatoriedad de realizar a cada perro, por medio de sangre o saliva, un análisis que determine su huella genética, de manera que cuando se recojan muestras de heces en la vía pública, se puedan identificar y sancionar inmediatamente. El consistorio ha tomado esta decisión tras las continuadas campañas de concienciación y comprobando que los problemas de deposiciones de perros en sus calles y jardines persisten. El equipo de gobierno, vistos los resultados obtenidos en otros municipios que ya han iniciado este registro, ha optado por modificar sus ordenanzas para poder aplicar la medida cuanto antes.

Por el momento, la ordenanza fiscal, que establecía una tasa por la que se pagaba un precio módico por la extracción de la muestra y su posterior análisis, no fue aprobada. Algunos grupos mostraron sus dudas por el coste que pueda suponer para el Ayuntamiento la gestión posterior (recogida en vía pública y análisis de muestras para identificar al infractor).

El concejal de vías Públicas, Manuel Dueñas, explicó que el coste de la obtención del ADN «era mínimo para el propietario del animal, y la ordenanza fiscal asegura ese extremo y que el coste para el Ayuntamiento no aparece en la ordenanza porque no es necesario y se podrá concretar y acotar cuando se estudie la contratación con la empresa que proporciona el servicio». La insistencia de la oposición obligará a llevar la ordenanza al pleno del próximo mes. El Ayuntamiento insiste en que espera que la medida sea disuasoria aunque tiene previsto invertir unos 3.000 euros anuales en la medida.