El concejal del PP Nacho Carratalá, encargado de denunciar el «caso uniformes», critica que se «gasten más de 200.000 ? basándose en un "parece posibilitar" es una broma de mal gusto, eso sin tener en cuenta el presunto trato de favor a la adjudicataria, ya que casualmente solo una empresa disponía del tipo de prendas solicitadas por el ayuntamiento, que se ha demostrado son ilegales». El edil destaca que el informe jurídico les «está dando la razón después de más de cuatro meses de investigación» y ahora esperan que «se tomen medidas» y exigirán la dimisión de los responsables políticos por la contratación. A. C. Torrent
