El gobierno cuatripartito de Manises, que lidera Compromís junto a PSPV, Sí Se Puede y EU, ha anunciado que presentará un Plan Económico Financiero tras haber incumplido el ayuntamiento el objetivo la regla de gasto de este ejercicio en 1,75 millones de euros. El ejecutivo que preside Jesús Borras achaca la actual situación económica del consistorio a la «nefasta» gestión urbanística de los anteriores gobiernos del PP y, en concreto, a las sentencias judiciales relacionadas con el PAI del Sector 3 (o de San Jerónimo), por la que el consistorio ha sido condenado a pagar 897.700 euros por unas obras hídricas, y al contrato del aparcamiento de la Plaza de la Paz. «Las sentencias en contra del consistorio manisero han mermado la capacidad económica actual, a pesar de que las gestiones de los últimos meses han conseguido mejorar en varios aspectos las cifras totales», señalaba el consistorio en un comunicado.

Según las mismas fuentes, con la ejecución del Plan Económico Financiero —cuyos detalles aún no se han hecho públicos— durante el año en curso y en el siguiente «se podrá llegar a ese cumplimiento de la regla de gasto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera». El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez Liébana, aseguró que «es imposible resolver en un año lo que ha supuesto desde el punto de vista presupuestario la mala gestión del anterior gobierno del PP», y subrayó que si llegan más sentencias como las citadas anteriormente «la situación se hará insostenible».

La sentencia sobre el PAI de San Jerónimo se hizo pública el pasado 29 de diciembre y obliga al consistorio manisero a pagar más de 897.000 euros por unas obras hídricas previas a un pequeño PAI desarrollado durante la etapa de gobierno del PP. En el año 2003 la empresa encargada del suministro de agua realizó unos trabajos para el desvío de la red y del colector de saneamiento por unos importes de 381.899 euros y 66.974 euros, respectivamente. Las obras estarían incluidas en una actuación urbanística en unos terrenos situados en la Plaza de la Llenya para la construcción de unos bloques de viviendas protegidas. El consistorio decidió incluir esos costes en la Liquidación Definitiva de la UE del Sector 3 y que fueran los propietarios los que sufragarán esas cargas. Los afectados pagaron el sobrecoste para no paralizar la obra pero uno de ellos decidió acudir a la justicia argumentando que esos gastos extra debían haberse incluido en la liquidación provisional al estar previstos en el planeamiento inicial, tal como ha estimado el juez.

También en diciembre el ayuntamiento fue condenado a pagar 591.643 euros a la empresa Estacionaments Urbans en concepto de compensación por las pérdidas que adujo haber sufrido la concesionaria del aparcamiento de la calle San Cayetano durante los tres años de explotación. El consistorio también ha recurrido el falló.