El Partido Popular de Torrent ha llevado hasta la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de los uniformes de la Policía Local al denunciar «intereses empresariales» en el contrato y al considerar que el color de algunas prendas, de azul celeste, «no se encuentra regulada» por el Consell y «de la que sólo dispone una única empresa». Así lo anunció ayer el concejal Nacho Carratalá, acompañado por los ediles Amparo Folgado y Jorge Planells. Los regidores explicaron que presentaron la denuncia -un dossier con más de 220 folios- el pasado 7 de marzo y de la que hicieron una ampliación el 22, con más documentación.

La mesa de contratación aprobó a finales de año adjudicar por 205.000 euros el contrato de uniformidad policial. Los populares denunciaron que el pliego «era un traje a medida» para una empresa que fabrica prendas de azul celeste, en lugar del amarillo o el azul noche que es el que contempla el decreto de 2005 de la Generalitat.

Desde la adjudicación han sido muchas las voces que la cuestionaron. Entre ellas las de José María Ángel, director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias de la Generalitat, que remitió hasta dos misivas al alcalde Jesús Ros en la que le advertía de que las prendas deben «ajustarse a lo establecido en el decreto del Consell regulador del sistema de homogeneización y homologación de la uniformidad». También CC OO aseguró que Torrent, al igual que Requena, «se ha saltado» la directriz autonómica sobre la vestimenta de los agentes locales.

A esto se suma, el informe del secretario municipal, eso sí realizado una vez concluida la adjudicación, en el que admitía que el decreto del Consell permite introducir modificaciones para «mejorar en la uniformidad» pero deben ser estudiadas por el Gabinete Técnico de Coordinación de las Policías Locales pero «esta opción no ha sido utilizada por este ayuntamiento» y que simplemente el coordinador y el director general «remitieron sendos escritos en los que parecen posibilitar el uso de los colores objeto de debate».

En este sentido, Nacho Carratalá reveló ayer que el pliego de condiciones que sacó el gobierno socialista «es un copia y pega del borrador que actualmente está elaborando» la Agencia de Seguridad para modificar el decreto de 2005. Para el edil del PP, resulta «curioso que la empresa que ganó tenga stock de un color que de momento no está autorizado» y cuyo borrador «puede aprobarse, por su complejidad, dentro de unos meses o un año o que de momento se paralice ya que esa aprobación supondría un desembolso importante para todos los consistorios valencianos». Así, el regidor aseguró que «más pueblos han contratado con la misma empresa que puede llegar a ganar un millón de euros con estos uniformes, todos comprados por ayuntamientos socialistas como Paterna, Requena y los que saldrán». El borrador lo confeccionan técnicos y jefes de policía, «pero las empresas no pueden tener acceso al texto», incide el concejal del PP.