Los tres grupos de la oposición de Rocafort, PP, Ciudadanos e Independientes, se unieron la tarde del jueves para presentar en el pleno una moción de reprobación a la alcaldesa, Amparo Sampedro. La propuesta, presentada por vía de urgencia poco tiempo antes de celebrarse la sesión, no fue aceptada por el vicesecretario municipal al considerar que «no era competencia del pleno sino del turno de ruegos».

Los siete concejales decidieron presentar la moción en la que acusan a la munícipe de «negarles el acceso directo Registro General del Ayuntamiento» y le instan a «desbloquear dicho acceso a la plataforma Gestiona», un portal al que antes podía entrar todos los miembros de la corporación pero que desde hace unos meses Sampedro, a instancias del secretario, cerró para la oposición. Además, consideran que la alcaldesa «incumple los plazos que establece la ley para entregar a los miembros de la corporación las actas de las JGL, vulnerando claramente sus derechos» y «por no atender, en tiempo y forma, las demandas vecinales en materia de servicios básicos municipales».

Las explicaciones de Sampedro difieren bastante. La alcaldesa explicó a este diario que en la junta de portavoces previa al pleno les comunicó que «volvía a permitirles el acceso a toda la documentación como hacían antes de impedirlo, incluso desde casa». Desde el cierre de Gestiona para la oposición, los concejales solo podía ver el listado de los documentos de entrada y salida y solicitar que les remitieran vía mail los que quisieran. Sampedro explicó que también iba adoptar la medida de convocar las Juntas de Portavoces mediante resoluciones de alcaldía para que los concejales puedan ausentarse de sus trabajos.

«Cuando el secretario me dio la moción fue toda una sorpresa por todo lo que les había propuesto minutos antes en la junta de portavoces, aunque ahora entiendo porqué cuando les comunique mis medidas no dijeron nada», detalla Sampedro. La alcaldesa indica que el vicesecretario le aseguró que la moción de reprobación «no podía debatirse porque pertenecía a la fiscalización del pleno y eso pertenece a ruegos». La negativa encendió a la oposición que equiparó lo sucedido con «repúblicas bananeras» y además de anunciar que reclamarán un pleno extraordinario amenazaron que la alcaldesa «está pidiendo a gritos una moción de censura».