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Bankia lleva a Moncada al juez por la deuda de 1,9 millones del crédito a la firma pública

El juzgado ya investiga al anterior gobierno del Partido Popular por hipotecar parcelas que había vendido previamente para obtener este préstamo. La entidad bancaria exige un montante de 2,5 millones por el pago del principal más los intereses.

Bankia lleva a Moncada al juez por la deuda de 1,9 millones del crédito a la firma pública

Bankia ha reclamado a través de una demanda judicial 2,5 millones de euros a Pemsa, la empresa municipal de Moncada que actualmente se encuentra en suspensión de pagos, por una operación hipotecaria a largo plazo firmada en diciembre de 2013 y del que la mercantil sólo pagó la primera cuota. Según se indica en el requerimiento del juzgado número 1 de Moncada del pasado 22 de junio de 2015, la gerencia y el consejo de administración de Pemsa (presidido entonces por el exalcalde Juan José Medina y formado por concejales del PP) fueron notificados previamente al vencimiento anticipado de la obligación. «Pero, supuestamente, se hizo caso omiso», según destaca el actual gobierno municipal en un comunicado, por lo que Bankia cerró la cuenta en febrero de 2015.

Aunque el préstamos de garantía hipotecaria firmado por Pemsa el 3 de diciembre de 2013 tenía un valor de 1.865.000 euros (con una carencia de 12 meses, una amortización trimestral y un plazo de 12 años), Bankia reclama a través del juzgado que preside Joaquim Bosch (portavoz de Jueces para la Democracia) 1,92 millones (1,857 millones de saldo de capital, 67.613 euros por interés deudor y 2.674 euros de intereses de demora), más otros 578.186 en concepto de intereses y costas. Según el ayuntamiento, del préstamo inicial de 1,865 millones Pemsa sólo pagó la primera cuota de 34.968 euros.

«La parte deudora no ha cumplido con el pago de las cuotas de amortización pactadas en la referida escritura», señala Bankia en su requerimiento, por lo que la entidad «dio por vencida la misma y cerrada la cuenta a fecha 19 de febrero de 2015». Por ello, la entidad reclama el ingreso de los 2,5 millones en una cuenta bancaria (que, curiosamente, no es de Bankia) o continuará la ejecución de los bienes hipotecados, que son trece parcelas del Polígono Industrial Moncada III.

Y es que, además de requerir la devolución del préstamo, el Juzgado número 1 de Moncada también está investigando la firma de esta hipoteca tras la querella formulada por la Fiscalía de Valencia por un presunto delito de estafa contra todos los miembros del anterior equipo de gobierno de Moncada que presidía Medina en 2013, así como contra los miembros del consejo de Pemsa. Tal como adelantó este periódico, la fiscalía sospecha que al menos seis de las trece parcelas del polígono industrial III hipotecadas para recibir el préstamo de Bankia habían sido vendidas previamente, tal como denunció uno de los nuevos propietarios.

Contratos sin escritura pública

Tal como ya contó este periódico, la fiscalía detalla en su querella que Pemsa era propietaria de una serie de parcelas en el Polígono Industrial Moncada III, y «al menos» seis de ellas fueron vendidas a diversos compradores entre el 3 de diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2012 «mediante sendos contratos que en ningún momento fueron elevados a escritura pública. Hasta el momento de la investigación del fiscal, los compradores han pagado 1,35 millones de euros de los 3,34 millones que se previeron en las distintas operaciones.

Pero el 3 de diciembre de 2013, y según señala también el ministerio público en su querella, en una notaría de Moncada el gerente de Pemsa otorgó escritura pública por la que la mercantil hipotecaba, a pesar de los seis contratos anteriores, estas fincas como garantía de un préstamo con Bankia por importe de 1,86 millones de euros. En ese momento, y desde el 19 de junio de 2013, el consejo de administración estaba formado por nueve de los ahora querellados, incluyendo el entonces alcalde y varios de sus concejales.

El día de antes, y según también subraya la querella, la operación había sido autorizada por el pleno municipal con el voto a favor de los 12 concejales del equipo de gobierno del PP y los 9 en contra de la oposición.

De los políticos querellados, tres forman parte de la actual corporación municipal: el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Gallego, la concejal Mª Dolores Muñoz y el actual portavoz del grupo Ciudadanos, Jesús Gimeno, que en el momento de producirse los hechos investigados formaba parte del equipo de gobierno de Medina.

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