El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha apartado esta mañana a la concejala del PP local, Elena Martínez, de la Junta de Gobierno Local, órgano del que formaba parte desde el pasado 7 de septiembre de 2015 después de que el primer edil ofreciera formar parte de él a todos los partidos y sólo el PP aceptó. La decisión ha sido comunicada por el primer edil a Martínez después de conocerse que está siendo investigada en un caso urbanístico del Ayuntamiento, junto a otra concejal de su formación política, María Flor Villajos. El Alcalde ha trasladado a la concejala popular que la decisión adoptada es de carácter temporal hasta que se esclarezca lo ocurrido, momento a partir del que podría volver a formar parte de la Junta de Gobierno Local.

La pasada semana, la exalcaldesa de Paterna, Elena Martínez, y la anterior concejal de Urbanismo popular, María Villajos, ambas concejales actualmente en la oposición, declararon como investigadas en el juzgdo por los presuntos delitos de prevaricación y de desobedicencia a la autoridad judicial, por la negativa del ayuntamiento a expropiar unos terrenos en la zona de Heron City y por no haber acatado una sentencia del Supremo a este respecto. Las dos regidoras defendieron ante el juez que la petición de expropiar se realizó por primera vez en 1999, cuando el PP no estaba en el gobierno, y que en todo momento los distintos ejecutivos locales se han negado a realizar la expropiación «porque los técnicos no avalaban la operación».

El PP ha destacado que Martínez y Villajos están siendo investigadas «porque en el momento de presentarse la demanda contra el ayuntamiento estaban ellas al frente. Si los propietarios del terreno la hubieran presentado antes, el imputado hubiera sido Lorenzo Agustí, o incluso Francisco Borruey, y si la hubieran presentado unas semanas más tarde le hubiera tocado declarar a Sagredo». Las fuentes del PP subrayaron que desde 2007 a 2015 los gobiernos populares de Paterna «han pagado más de 12 millones en expropiaciones. Si no se pagaron los 500.000 euros que demandaban estos propietarios es porque los técnicos informaron en contra. Hacer lo contrario hubiera sido prevaricar».