21 de abril de 2016
21.04.2016
Mislata

Pepita gana otro asalto

El juzgado suspende el alzamiento del bajo de su vivienda de hoy hasta que resuelva la investigación por la venta de dos casas de la fundación

20.04.2016 | 23:47

El juzgado de Mislata que tramita el alzamiento, fijado para hoy, de los bajos del número 25 de la calle Mayor ha decidido suspenderlo. El motivo, según Juan Costa, abogado de Josefa Martí, ha sido la investigación que mantiene abierta la jueza Carmen Montañés por la denuncia que presentó Pepita para que se investigue la venta de dos inmuebles que pertenecían al legado de la Fundación Francisco Balbastre.

La pasada semana este diario informó en exclusiva que el fiscal del caso solicitó que se cite a declarar como investigados al párroco José Alfredo Cremades, presidente de la fundación civil, y al secretario. A su vez, el pasado viernes ya declararon como testigos los propietarios de la gran vivienda unifamiliar construida en la zona que ocupaban dos pisos de la calle Buen Pastor. Josefa Martí denunció que el sacerdote vendió los dos inmuebles cuando en el «registro del Patronato de Fundaciones de la Generalitat no hay constancia de que se haya pedido permiso para hacerlo». En este sentido el ministerio público quiere saber cómo tramitaron la venta y a dónde a ido a parar el dinero. El abogado de Pepita sostiene que al ser «una causa penal prevalece sobre una civil „el alzamiento y por ello se ha suspendido la ejecución de esta mañana».

Paralelamente el abogado de la Fundación Balbastre, con la que litiga Josefa Martí por la propiedad de la vivienda en la que vive, trasladó ayer a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas su decisión de paralizar el desalojo de hoy. Además, ofrece una oferta para la anciana y su familia.

Hasta ahora, Pepita tenía un contrato firmado a 15 años con la fundación por el que podía vivir por 20 euros al mes en uno de los dos pisos superiores del edificio, mientras que el otro es un trastero. Su hijo reside con su nieta en el bajo, una antigua cuadra. La entidad pretende que desalojen esta estancia y la contigua para dedicarlo a fines sociales.

En el escrito, la fundación se compromete a rehabilitar ese trastero para que el hijo de Josefa y la nieta suban a vivir allí por el mismo precio, además de incluirlo como arrendatario y evitar que lo desalojen en caso de fallecimiento de la anciana. A su vez, incrementan el contrato hasta los 25 años de duración.

El abogado Juan Costa explica que ahora van a estudiar con detenimiento la oferta ya con el alzamiento suspendido por el juzgado «tenemos una posición de fuerza mayor, ya que de no haber sido así hoy era decidir entre firmar o irse a la calle».

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