La concentración organizada por los padres de alumnos de la guardería de Fuente del Jarro para protestar por el cierre de la escoleta, sirvió al gobierno socialista que preside Juan Antonio Sagredo para explicar su postura ante la rescisión del contrato por parte de la concesionaria del servicio, alegando falta de rentabilidad.

Ante las familias, un representante de la UTE Tot Animació-Gecopsa que gestiona el centro, y ante ediles del PP y Compromís, Sagredo recordó que ha sido la concesionaria la que ha presentado la rescisión del contrato de forma unilateral, y que el ayuntamiento está obligado a aceptarla e incluso a asumir las deuda de la empresa por un millón de euros. Además, anunció que si la UTE no retira la petición, y el pleno la aprueba mañana miércoles, el consistorio iniciará los trámites para que sea la empresa municipal Gespa la que asuma la gestión, tal como ya hace en la guardería de La Coma. Las fuentes consultadas por Levante-EMV reconocieron que la medida no garantiza la apertura de la escoleta en septiembre, ya que «dependerá de lo que tarde la Conselleria de Educación en tramitar la propuesta».

El alcalde socialista explicó a los padres que los técnicos municipales han informado sobre la imposibilidad legal de asumir algunas de las peticiones de la UTE para mantener el contrato, como es la ampliación de la concesión a 40 años o perdonar el pago del canon de 9.000 euros anuales y el 2,5 % de ingresos hasta que el servicio sea rentable. En este sentido, Sagredo recordó que la empresa debe por este concepto 102.927 euros.

El ejecutivo local sí se comprometió a iniciar ahora una campaña de publicidad para buscar nuevas matriculaciones e incluso a refinanciar la deuda para que la concesionaria se quede. Según las familias afectadas, la UTE se ha comprometido a dar una respuesta a esta oferta entre hoy martes y mañana.

Ya en noviembre de 2015 la UTE anunció su intención de abandonar la concesión, y que los padres han criticado que desde entonces el consistorio «no ha hecho nada» para buscar alternativas o impulsar las matriculaciones para que lleguen al mínimo que haga el servicio rentable (se deberían ocupar al menos 60 de las cien plazas, mientras que actualmente sólo acuden 45 niños). Fuentes municipales aseguraron ayer que el ayuntamiento no actuó en noviembre porque, tras anunciar su intención de abandonar, la concesionaria «dijo después que continuaría».