Compromís ha revelado que en el estudio exhaustivo del expediente administrativo de tramitación de la ATE Puerto Mediterráneo está descubriendo «las vergüenzas y mentiras del Partido Popular, de la ex-consellera Isabel Bonig y del aspirante a promotor británico». La formación critica «la nula fiscalización» de un expediente, que desde 2012 «ha contado con un impulso político inusual por parte de dirigentes empecinados en llevar adelante un megaproyecto, obviando que no contaba con el cumplimiento de los requisitos imprescindibles de las administraciones competentes».

Los argumentos del promotor británico justificaban la necesidad de declarar ATE por ser un «nodo comercial singular» y por «las 26 millones de visitas que atraerían de turistas» pero «la realidad es que al expediente consultado consta un informe de la Agencia Valenciana de Turismo, de octubre de 2012, donde textualmente se informa que el proyecto no contiene actuaciones de destacable valor turístico que puedan generar nuevos flujos de visitantes a la Comunidad Valenciana, ni implica ninguna mejora de imagen como destino turístico de la Comunidad».

Otro aspecto todavía pendiente y exigido por Compromís per Paterna desde el inicio de la tramitación es el cumplimiento de la ley en materia de carreteras y movilidad. En el expediente consta un informe « desfavorable» de Fomento de fecha 19 de diciembre de 2012. El ministerio destaca que el aspirante a promotor «no analiza las IMD» (intensidades medianos diarias de tránsito) ni la capacidad del enlace del A7 con la CV-35 para mantener «niveles de servicio adecuados». Actualmente se ha hecho público que el IMD de la CV-35 «llega a 122.000 vehículos medianos diarios, muy por encima de los 103.000 vehículos estimados por el aspirante a promotor en la ultima modificación del proyecto». Para Compromís, el megaproyecto fue declarado ATE en febrero de 2013 con el informe desfavorable del Ministerio de Fomento y, a día de hoy, «después de someterlo a información pública dos veces todavía no consta al expediente informe del Ministerio de Fomento que diga el contrario».