Cuatro concejales del Partido Popular de Aldaia han presentado un recurso de reposición en el que pide que se anule el contrato de los servicios externos de «defensa procesal y asesoramiento jurídico» para el ayuntamiento, por considerar que el pliego de cláusulas administrativas vulnera la legislación actual. Los ediles carmen Jávega, Héctor Ferrandis, Roberto Barreña y Jordi Hoyo son los que firman las alegaciones a la convocatoria.

Los populares se basan que el Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, en el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta normativa señala entre las causas de nulidad de un contrato, en el artículo 32, «todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de firma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración». No obstante, el PP señala que en la convocatoria municipal, el pliego de condiciones recoge textualmente que «los profesionales interesados en la contratación deberán acreditar como requisito de solvencia profesional, para poder participar en la licitación» los cerificados acreditativos de haber participado en la defensa en juicio de administraciones públicas, en al menos conco procedimientos. Los populares insisten en que este requisito otorga «ventajas» a estos juristas sobre el resto, lo que contraviene la Ley de Contratos.

Otro aspecto que sobre el cual el PP de Aldaia alega se refiere a que el pliego se publicó en el perfil del contratante del ayuntamiento el 27 de abril de 2016 y se extendía a 10 días naturales, lo que significaba que el plazo acababa el día 6 de mayo. No obstante, en el propio pliego figura que el último día de plazo es el 6 de mayo.

El PP pide que se anule toda la convocatoria y que se inicie de nuevo el procedimiento negociado sin publicidad modificando los aspectos que señalan.