El Ayuntamiento de Vinalesa ha anunciado la apertura de un expediente administrativo para tramitar la suspensión temporal de un PAI en el municipio. En concreto, se trata de la partida UE 5 del Plan General y cuyo proyecto de urbanización fue aprobado en noviembre de 2007 aunque a día de hoy las obras no se han realizado.
La empresa a la que se le adjudicó la actuación ha solicitado la suspensión temporal del programa por dos años, prorrogables por otros dos. La firma basa su solicitud en las «dificultades económicas actuales y situación del mercado inmobiliario».
El consistorio abre ahora un periodo de 15 días para exponer al público la solicitud de suspensión para que los propietarios de los terrenos afectados por la actuación puedan presentar las pertinentes alegaciones. El alcalde Julio César Martínez explicó que se trata de un PAI «pequeño» donde están afectados «cuatro o cinco propietarios» que deberán mostrar su postura ante la petición de aplazamiento.
Una vez pasados los quince días se notificará las resoluciones y será cuando el consistorio también analice las repercusiones y gastos que puede comportar a las arcas municipales la suspensión. Al parecer hay división de opiniones entre los afectados a favor y en contra de la suspensión, circunstancia que dificulta que el consistorio pueda aceptar la petición de la empresa.
Según ha podido saber este diario, el acuerdo al que llegaron los propietarios con la firma era ceder el suelo a cambio de obra, es decir obtener por viviendas o suelo edificable ya urbanizado por el valor de su terreno.
El PAI se le adjudicó a Gespais Urbanizadora como agente urbanizador de la actuación en noviembre de 2007. El importe de las cargas se aprobaron por más de 641.000 euros más IVA. Además, la empresa debía presentar el nuevo documento con las modificaciones salidas de la exposición pública. Ya en 2013 el pleno dio luz verde definitivamente al proyecto de urbanización, aunque quedaba pendiente la inscripción en el registro de la propiedad, trámite para el cual es necesario tener la autorización de los dueños de las parcelas donde se va a ejecutar la actuación.
