La comisión de investigación en torno al proceso de licitación y adjudicación de los uniformes de la Policía Local de Torrent sigue aportando testimonios que tratan de poner luz a un caso que, de momento, investiga la Fiscalía Anticorrupción. El pasado martes comparecieron los gerentes de las dos empresas que se presentaron al concurso y sus declaraciones fueron reveladoras.
El responsable de la aspirante que no logró el concurso relató que a mitad de octubre -es decir, tres meses antes de la adjudicación- el concejal de Seguridad, José Antonio Castillejo, y el intendente principal, Eduardo Martínez, realizaron una visita de cortesía a su empresa. Allí, les trasladó que el pliego presentaba «irregularidades en varios puntos» y, según su declaración, el jefe policial «me dio a entender que ellos han optado por ser valientes y hacer lo que todo el mundo dice que está haciendo -en referencia al cambio al color azul celeste- y que van a tirar para adelante con este pliego».
El empresario les advirtió que la licitación «es recurrible» por «incumplir» el decreto de la Generalitat a lo que, según el compareciente, Martínez le respondió que en el «caso de que alguna empresa interpusiese algún recurso, diríamos no tuviese a bien permitir que el pliego saliese, que el ayuntamiento también tiene sus propios medios, su propio servicio jurídico para ver esas empresas si en otros municipios habían suministrado prendas que no estaban arreglo al decreto». Y todo ello ante el concejal Castillejo.
El gerente aseguró en la comisión que a aquella conversación -cuyas palabras textuales no podía recordar al haber pasado meses pero que «el fondo era este»-, «no le dí mayor importancia y tampoco lo consideré una amenaza». Además, le preguntó al intendente, redactor del pliego, por qué la descripción de una bota era un copia y pega de la que ofrece su competencia. «Me contestó que había cogido la etiqueta de una bota que tenía por ahí y 'eso es lo que he puesto'. A mi me extraña que en la etiqueta de una bota quepan diez líneas de descripción técnica, pero claro, al final son tus invitados y tampoco es plan de discutir», aseguró el empresario. El aspirante presentó días más tarde por registro de entrada una alegación al pliego, que fue desestimada.
En este sentido, se le cuestionó por si veía «injusto» el proceso de licitación y adjudicación y el finalista subrayó que «no sólo por el color de la ropa que incumple un decreto» sino «también porque si la ley dice que tienes que montar un comité de expertos que no se hace» y cuando se crea lo integran agentes «bajo el mando del que redacta el pliego...». También admitió que lo que ha sucedido en Torrent, con diferencias de puntuación del 80% entre las empresas por el color, no le había pasado nunca pese a trabajar con 471 ayuntamientos de toda España.
Por su parte, el gerente de la adjudicataria aseguró que ya tenía prendas en azul celeste al fabricar muestras en base a pliegos y que su empresa dispone de prendas para mostrar por valor de 600.000 euros. Al preguntarle los integrantes de la comisión cómo una prenda con el mismo código era más barata en otros ayuntamientos que en Torrent, respondió que un producto en concreto puede tener diferentes calidades y características que alteran su coste aunque tengan el mismo número.
En cambio, según documentos a los que ha tenido acceso este diario, un pantalón bielástico con el mismo código tenía un precio de 78 euros para Torrent, mientras que para un ayuntamiento de la Marina Alta valía 55. Las diferencias también son sustanciales en otros artículos -todos con el mismo código- como en el zapato negro de piel (107-75 euros), el cinto policial (26-21 euros) o la gorra copy (27-19 euros).
