El mundo inmobiliario, en su constante fluctuación, puede deparar situaciones que, como dice el alcalde de Torrent, Jesús Ros, rayan la lesividad y evidencian doble moralidad. El munícipe reveló ayer que el consistorio ha recibido una instancia del propietario del local que tiene arrendado el ayuntamiento en la calle Valencia desde hace siete años en el que insta a realizar un concurso público para adquirir el mencionado bajo por un precio de 88.800 euros.

Como adelantó este diario, el Partido Popular firmó en 2009 un contrato de alquiler del citado local, de 111 metros cuadrados, por un importe de unos 1.300 euros mensuales más IVA. En el acuerdo, según detalló ayer Ros, además del correspondiente incremento anual del IPC se estipulaba una subida adicional del 3%. En total, un 21% más en siete años. Con un calculo rápido, el propietario se ha embolsado más de 134.000 euros por el arrendamiento, que no contemplaba la opción de compra.

El contrato expira el 1 de junio y el consistorio ya comunicó que no se renovaría. El inmueble albergó durante años las oficinas destinadas al plan Urban „proyecto de actuación sobre el barrio del Xenillet„ ya concluido, con lo que ahora no tiene uso y las dependencias están cerradas. Se da la circunstancia de que el local contiguo, de 260 metros cuadrados, sí es de propiedad municipal, en otra operación de compraventa que fraguó el PP con el mismo dueño por 226.900 euros más IVA.

El alcalde Ros recordó que los populares hablan últimamente de «lesividad», en referencia al proceso de contratación de los uniformes de la Policía, cuando «lo lesivo han sido sus actuaciones durante ocho años». El munícipe defendió ayer que ese alquiler «hoy no valdría más de 200 euros y en 2009, no más de 400, y ahora el dueño nos lo vende por 88.800 euros, menos de todo el alquiler de estos años. Hoy lo tendríamos pagado si se hubiera alquilado con opción de compra». Ros anunció que pedirá un informe para determinar si el contrato se hizo con publicidad y si el alquiler se ajustaba a mercado, aunque ya avanzó que «ninguna de las dos». Y sobre la oferta, el alcalde rechazó comprarlo a ese precio pero no cerró las puertas a negociar una operación, siempre por debajo de los 50.000 euros.