La UTE que gestiona y explota las piscinas y el pabellón de Catarroja ha remitido un escrito al alcalde Jesús Monzó en el que solicita la resolución del contrato que une a ambas partes desde 2008 por los más de 855.000 euros que le adeuda el consistorio. Así, ha anunciado que el 11 de junio dejará de prestar el servicio.
El ayuntamiento adjudicó por 20 años a la UTE Gestión Servicio Deportes Catarroja la gestión indirecta de la piscina descubierta del polideportivo, la cubierta del parque Juan XIII y el pabellón cubierto. Además, se acordó la construcción de una tercera piscina climatizada. De tal forma que, el consistorio pagaba un canon anual por la gestión, además de ir amortizando cada año las obras que se fueran realizando. Por su parte, la empresa debía presentar la memoria anual para determinar cuánto tenían que pagar las arcas municipales para mantener el equilibrio económico de la concesionaria.
Pero en mayo de 2013, el ayuntamiento decidió modificar el contrato unilateralmente y desestimar la construcción de la piscina climatizada y, a cambio, realizar obras por valor de 2,5 millones en los otros dos recintos acuáticos. Los trabajos estaban destinados a adaptar los complejos a la nueva normativa. Una vez concluidas las modificaciones, en diciembre de 2014, la UTE trasladó al consistorio que habría que revisar el canon anual por la gestión ya que, según defienden, «a partir de ese momento los costes son mucho mayores, a nivel energético, tratamiento de agua y personal». A esto se debía a añadir las primeras amortizaciones por las obras ejecutadas. Sin embargo, desde la empresa sostienen el ayuntamiento, primero con el PP y ahora con el bipartito Compromís-PSPV, no ha respondido a sus requerimientos.
A día de hoy la UTE reclama al consistorio una deuda de 855.758 euros, por lo que exige la resolución contractual «dada la gravedad de los desequilibrios». Su intención, tal como figura en el escrito, es dejar de prestar el servicio el 11 de junio al «no tratarse de servicios de prestación esencial y obligatoria».
Por su parte, desde el ayuntamiento aseguraron que tras la presentación de la solicitud están «estudiando la documentación y pidiendo los informes necesarios para conocer con detalle si existen causas o no para resolver el contrato». Fuentes del ejecutivo, explicaron que la ley establece que «hay un plazo de 3 meses para pronunciarse desde la presentación de la instancia», fechada el 22 de abril. Por tanto, el consistorio recuerda que la UTE «tiene la obligación de continuar dando el servicio que desarrolla y no puede resolver el contrato de forma unilateral».
