El anuncio del gobierno local tripartito de Valencia de impulsar el control de excrementos caninos en la vía pública a través de un censo de ADN canino, para sancionar a los responsables, no es una idea nueva. De hecho, en los últimos cinco años, esta medida ha sido valorada por otros consistorios del área metropolitana, aunque no la han implantado. El propio «cap i casal» descartó esta medida en 2014, con el gobierno anterior, cuando se implantó en ciudades como Nápoles, por el elevado coste que supondría.

Una de las primeras ciudades donde se produjo ese debate, hace unos cinco años, fue Paterna. La asociación de vecinos Campamento, que realiza campañas contra las heces de animales en las calles, fue la que sugirió la idea del ADN canino, siguiendo el ejemplo del plan implantado en Hernani, en el País Vasco, e incluso propuso al consistorio que contactara con la Universidad de allí, que se había encargado del proyecto.

El gobierno local popular estudió el asunto, según informó entonces su alcalde Lorenzo Agustí, y finalmente anunció que lo descartaba por su elevado coste. La decisión generó el rechazo de la entidad vecinal, que cuestionó las cifras e insistió en que era una medida mucho más económica.

Otra de las ciudades que en los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2015 anunció que se acogería al sistema del censo de ADN fue Torrent. El entonces gobierno local popular, que lideraba Amparo Folgado, informó de la puesta en marcha de esa medida en los meses siguientes. Inicialmente fue criticada por las protectoras y los grupos animalistas locales, al considerar que el plan comportaría un elevado presupuesto cuando eran más prioritarias políticas de protección animal. «Hay que preocuparse más por los animales abandonados de la calle; no tanto por los que ya tienen dueño», dijeron entonces.

Con las elecciones municipales y el cambio de gobierno local, que ahora dirige el socialista Jesús Ros, el asunto ha quedado en un cajón. El mandatario ha manifestado en más de una ocasión que no es partidario de gastar fondos públicos en esa medida. De forma paralela, el consistorio ha impulsado un Consell de Protecció Animal „lo integrarán protectoras, veterinarios, técnicos y representantes de los grupos municipales„ donde han de decidirse las principales medidas en esa área que acometa el ayuntamiento. Y por ahora, las reivindicaciones de los grupos animalistas van por otro lado, ya que insisten en la puesta en marcha de un plan de control y esterilización de colonias felinas, y en buscar una solución a la recogida de animales.

Proyecto en Mislata

No obstante, también está el caso contrario. De forma paralela a Valencia, el Ayuntamiento de Mislata, que preside el socialista Carlos Fernández Bielsa, anunció también el viernes, como ayer publicaba este diario, que pondrá en marcha un censo de ADN canino como fórmula para identificar las heces y sancionar a los dueños de los animales.

La iniciativa del gobierno local se basa en una encuesta ciudadana que el consistorio realizó y que reveló muchas quejas y malestar de los residentes de determinados barrios por la cantidad de excrementos en las calles. El consistorio estima que las campañas de concienciación, e incluso de aviso de sanciones, no han funcionado.