Manises espera correr las misma suerte que Picassent y que el Tribunal Superior de Justicia le dé la razón y obligue a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) a revertir el canon que le fue suprimido en diciembre de 2011 por albergar un planta potabilizadora. Fuentes del equipo de Gobierno manisero aseguraron ayer que se siguió el mismo proceso judicial que emprendió Picassent y están a la espera de que el TSJ haga pública la sentencia. En este sentido, afirmaron que confían en que el auto sea favorable y apuntaron que la indemnización «será superior» a los casi dos millones de Picassent.

Cabe recordar, que fue en 2006 cuando la Emshi, presidida entonces por el alcalde de Manises Enrique Crespo, acordó establecer un canon anual de 957.065 euros a repartir entre los dos municipios por albergar las instalaciones hídricas del ente metropolitano ya que se instalaron «sin contar con el acuerdo de las correspondientes corporaciones», según un estudio técnico encargado para justificar la tasa. Años más tarde, en 2011 el consejo, ya sin Crespo, decidió eliminar el subsidio basándose en otro informe que defendía su eliminación «para impedir un incremento excesivo de las tarifas vigentes».

Por su parte, el presidente del Emshi, Vicent Sarrià, explicó que durante la junta del ente celebrada ayer se abordó la sentencia sobre Picassent pero indicó que hasta que el TSJ no falle sobre el recurso que presentó Manises no podía pronunciarse sobre qué harán por la vía judicial. Lo que sí aseguró el concejal de Valencia es que «no tenemos voluntad de pagar» ya que «no está justificado» abonar ese subsidio «arbitrario». Además, apuntó Sarrià, la sentencia de Picassent «no obliga» a restaurar la tasa sino que cuestiona el modo en el que se eliminó. «Se debería de haber hecho una revisión de oficio desde el origen por el motivo por el que se concedió el canon y no eliminarlo directamente», defendió el presidente del Emshi. Por ello, Sarrià insistió en que realizarán «todos los trámites» para evitar pagar ya que «sus consecuencias, además de económicas, serían catastróficas porque abriría la puerta a que otros municipios lo pidieran».