La promotora inmobiliaria Quabit ha solicitado la suspensión durante 60 días del proceso judicial por el que reclama al Ayuntamiento de Alboraia y a la empresa municipal Egusa la devolución de los 23,4 millones que le adelantó al municipio en concepto de futuros beneficios de la Marina de Port Saplaya, y que el consistorio gastó sin que la urbanización se desarrollase.
Mientras tanto, y durante dos meses sin la espada de Damocles de los 23,4 millones colgando sobre sus cabezas, el ayuntamiento y Egusa negociarán con Quabit un nuevo plan urbanístico para este sector, descartando la marina de lujo que preveía el proyecto original, e incluso el traslado del centro comercial, según aseguró ayer el presidente de empresa pública, Tino Martí. Cabe recordar que Egusa y Quabit forman una sociedad mixta (Alboraia Marina Nova) creada en 2006 para urbanizar el litoral del municipio, construyendo embarcaderos, alrededor de mil viviendas y un hotel en el lugar ocupado por Alcampo. Originalmente, la parte «privada» de Alboraia Marina Nova la constituían Astroc, de Enrique Bañuelos (cuyos activos heredó Quabit) y varios inversores como la familia Lladró.
El director general de Negocio de Quabit, Javier Prieto, confirmó ayer que el proceso está suspendido desde hace una semana, que ambas partes ya se han reunido en diversas ocasiones y que la intención de la empresa es la de «recuperar la inversión» que hizo en su momento. Eso sí, Prieto no quiso especificar si esa inversión se recuperará en forma de ladrillo (es decir, retomando y actualizando el proyecto de urbanización) o mediante una compensación económica, posibilidad esta última que se antoja difícil habida cuenta de la mala situación económica del consistorio.
Tampoco Tino Martí quiso adelantar detalles de la negociación ni qué tipo de cuerdo se pretende alcanzar, aunque si explicó que un técnico de urbanismo contratado por el municipio y un representante de Quabit ya mantienen reuniones para intentar diseñar la nueva urbanización. Martí recordó que el Plan de Reforma Interior (PRI) UE-2 está aprobado y que el ayuntamiento está dispuesto a desarrollar el proyecto. «Pero lo que se quería hacer al principio está descartado», insistió.
El pasado año el juzgado admitió la demanda presentada por Quabit contra el ayuntamiento y Egusa por «incumplimiento» del acuerdo para desarrollar un proyecto urbanístico en la zona de Port Saplaya. En agosto, y al mismo tiempo que anunciaba la demanda y exigía la devolución de los 23,4 millones más los intereses, Quabit afirmaba que en el primer semestre de 2015 había vuelto a los «números rojos» e identificaba como uno de los lastres de su cuenta de explotación la deuda que mantiene con la mercantil el consistorio alborayense.
Tras la admisión de la demanda, el gobierno local que preside Miguel Chavarría (PSPV) presentó un escrito en el que se justifica la paralización del PRI UE-2 en la situación de crisis económica y, sobre todo, en que la propia Generalitat desbarató los planes diseñados por Astroc y el anterior ejecutivo local del PP al declarar protegida la huerta de Vera a la que debía trasladarse el centro comercial para poder desarrollar en su lugar la marina.
«Le hemos dicho al juez que en ningún momento hemos actuado con mala fe „explicaba el pasado año el alcalde„. El PRI está aprobado y nosotros estamos dispuestos a desarrollar el proyecto, aunque con menos inmuebles, pero habrá que esperar a que la economía cambie de rumbo y las condiciones sean lo más favorables posibles». Chavarría asegura que el gobierno local «comprende» que Quabit reclame la devolución de los 23,4 millones que adelantó al anterior gobierno del PP y que éste destinó a obras como el soterramiento del metro y a gasto corriente. Pero también recordaba que la situación económica del consistorio (es, desde hace años, uno de los municipios valencianos más endeudados) imposibilita la devolución de ese dinero.
