11 de junio de 2016
11.06.2016

La Fiscalía ve delito penal en la contratación de uniformes de la Policía Local de Torrent

El ministerio público insta al juez a abrir un procedimiento al observar indicios de una posible actuación contra la administración

11.06.2016 | 17:00
La Fiscalía ve delito penal en la contratación de uniformes de la Policía Local de Torrent

La Fiscalía Provincial de Valencia ha instado al juez decano de Torrent para que incoe procedimiento judicial por un presunto delito contra la administración pública en el caso del contrato de los uniformes de la Policía Local de Torrent. La propuesta del Ministerio Público se produce tras la investigación iniciada el pasado febrero en virtud a una denuncia del grupo municipal del PP por la que se ponía en conocimiento del fiscal «la existencia de determinadas irregularidades en el procedimiento de contratación para suministro de vestuario de la plantilla de Policía Local, presuntamente con el fin de beneficiar a la empresa adjudicataria».

Para la portavoz del PP de Torrent, Amparo Folgado „que junto a los ediles Nacho Carratalá y Jorge Planells, hicieron pública ayer la propuesta de la fiscalía„ el hecho de que el ministerio público vea indicios de delito y lo expuesto durante la comisión política de investigación del caso, «dejan claro que ha habido algo irregular. La percepción que tenemos es que se ha hecho algo que no era legal y que tendrá derivaciones judiciales».

Fue el pasado marzo cuando la fiscalía abrió diligencias de investigación penal cuando los populares alertaron de que el pliego de condiciones del proceso de contratación de la uniformidad policial contradecía frontalmente un decreto de la Generalitat que establecía las características de los uniformes policiales, incluido el color de las prendas. «Como consecuencia de esto „señalaba ayer el PP„, una única empresa pudo suministrar el color azul celeste que pedía el ayuntamiento, en lugar del conocido amarillo marcado por el decreto, siendo finalmente adjudicada por 205.000 euros, pese a que su competidora presentaba las prendas por casi 100.000 euros menos».

En su comparecencia ante los medios, el PP destacaba ayer la prisa que se dio el actual gobierno socialista de Jesús Ros para cambiar la uniformidad de los policías locales. «La propuesta se realiza el 7 de julio de 2015, cuando no había ni un mes que habían llegado a la alcaldía „señalaba ayer Carratalá„ En septiembre la aprueba la junta de gobierno y nosotros pedimos la paralización del procedimiento hasta que llegase el informe de la Agencia de Seguridad permitiendo el uso de los colores que quería el ayuntamiento y que no se recogen en el decreto autonómico. El 11 de febrero, y sin tener aún la autorización, se adjudicó a la única empresa que ofrecía estos colores. Y el 11 de marzo el gobierno pide la autorización, coincidiendo con que nosotros pedimos un pleno extraordinario para tratar este tema».

«En ese pleno se aprobó instar a la Junta de Gobierno a declarar la lesividad del contrato „concluía ayer Carratalá„. A día de hoy, aún no han hecho nada. Los uniformes está en casa de los agentes, que han recibido la orden de no utilizarlos y el ayuntamiento no los ha pagado porque la empresa ni siquiera ha pasado la factura».

En su comparecencia de ayer, el PP mostró un gráfico con los protagonistas de lo que califican como «trama del caso uniformes», que se inicia con el alcalde Ros, sigue por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Castillejo y de este al intendente de la Policía Local, Eduardo Martínez, como redactor del pliego. Al mismo tiempo, el gráfico vincula a Ros con la adjudicación del contrato (sin autorización de la Generalitat) por 205.000 a la empresa Insignia, y con José María Ángel, director general de Seguridad y responsable del informe que establece que el color reglamentario es el amarillo y no el azul.

Los populares concluyeron su intervención señalando que «es significativo que la fiscalía acepte a tramite, abra diligencias porque ve indicios, y ahora inste al juzgado a abrir un procedimiento penal, lo que esperamos es que todo esto se resuelva pronto, es intolerable que se juegue con el bolsillo de los torrentinos».

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