La asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), formada por representantes políticos de los ayuntamientos del área metropolitana de Valencia, ha acordado «consentir y cumplir» con la sentencia que le obliga a pagar dos millones a Picassent por tener una de las dos plantas potabilizadoras. Pero, al mismo tiempo, la misma asamblea ha decidido exigirle a Picassent la devolución del resto de canon que sí cobró desde 2006 a 2011.
En la asamblea del pasado jueves, la Emshi aprobó revisar el acuerdo de 2006 por el que se concedió a Manises y Picassent el canon por las molestias de las potabilizadoras para poder anularlo. Y, una vez declarada su nulidad, que estos dos ayuntamiento reintegren las «cantidades percibidas indebidamente», que rondarían los 2,9 millones de euros en el caso de Picassent y los 2,7 en el de Manises.
Lo más llamativo es que la asamblea exige el reintegro del canon «de conformidad con el fundamento jurídico cuarto» de la misma sentencia que le obliga a pagar dos millones a Picassent. Este fundamento se refiere a la «falta de procedimiento de revisión para la eliminación del subsidio» por parte de la Emshi, ya que la asamblea aprobó la medida en 2011 sin dar audiencia a los ayuntamientos afectados. «Hasta este momento podríamos estar de acuerdo» con la medida, reconoce el TSJ para indicar a continuación que al no haber pedido audiencia a Picassent y Manises antes de anular el canon la entidad «infringió el ordenamiento jurídico». Por eso, al incoar ahora la revisión del expediente, se «dará audiencia a los interesados», y así la Emshi entiende que subsana el error cometido en 2011 y cumple la sentencia.
Se trata de un giro que ya apuntó el presidente de la Emshi, y concejal del Ayuntamiento de Valencia, Vicent Sarrià, en declaraciones a este periódico hace semanas, y que ya ha llenado de indignación al gobierno socialista picassentí. Su representante en la asamblea, el edil Joan Vicent Aguado, calificó el acuerdo de «manifiestamente ilegal» por incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana. Aguado exhortó a los miembros de la asamblea a que no secundasen «con su voto un acuerdo que incumple directamente una sentencia judicial firme».
Pero nadie le hizo caso, exceptó un representante de Compromís, que se abstuvo, y el representante de Manises, el otro municipio con una planta potabilizadora que, en este caso, también tendrá que devolver el canon anual que cobró entre 2006 y 2011 en «compensación de los efectos externos negativos en el servicio de prestación de agua potable en alta, a través de las plantas potabilizadoras».
Fue un alcalde de Manises, el popular Enrique Crespo, el que siendo al mismo tiempo presidente del Emshi impulsó este canon anual para su municipio y para Picassent. El acuerdo se adoptó en julio de 2006 con informes favorables de la comisión informativa, secretaría e intervención de la Emshi. En diciembre de 2011, y ya sin Crespo en la presidencia, la asamblea de la entidad aprobó la anulación de la compensación, con los votos de todos los representantes municipales excepto los de Picassent y Manises.
Tras impugnar sin éxito los presupuestos de 2012 y perder una primera sentencia del contencioso-administrativo, el ejecutivo socialista de Picassent, que dirige Conxa García, recurrió al TSJ, que hace unas semanas le dio la razón. Esta sentencia establece que el subsidio no se concedió por razones políticas, tal como había alegado la Emshi, y destaca que no se dio audiencia a los ayuntamientos afectados al acordar la supresión. También subraya que la Emshi cobra a los usuarios dentro de su tarifa un concepto que se destina a estas compensaciones.
Esta sentencia del TSJ, como ya contó este periódico, es firme. Por ello, en la asamblea celebrada el pasado jueves se acordó «no cabiendo apelación» «consentir y cumplir» la decisión del tribunal. Pero, al mismo tiempo, también se aprueba «incoar expediente de revisión de oficio del acuerdo de la asamblea de la entidad de concisión del subsidio por plantas potabilizadoras de Manises y Picassent de 27 de julio de 2006, con audiencia a los interesados, por causa de nulidad».
