La empresa municipal Nous Espais de Torrent guarda en uno de sus cajones desde 2009 los estudios para urbanizar la huerta del Safranar, que encargó José Fermín Doménech, el gerente nombrado por el gobierno local popular que presidía María José Català, por el que se pagaron más de 300.000 euros aunque nunca se ejecutó.
De hecho, la sociedad municipal que presidía la alcaldesa adjudicó en septiembre de 2008 por 1,7 millones de euros, los estudios para llevar a cabo la urbanización a una UTE formada por diversas empresas y profesionales. En ese momento, Nous Espais ya tenía problemas para vender algunas de sus viviendas de promoción pública y la actividad inmobiliaria en el Parc Central „la entrada sur de la ciudad„ estaba casi paralizada, con estructuras a medio acabar, fincas a medio vender y solares sin construir, muchos de los cuales aún permanecen. No obstante, los populares dieron el primer paso para construir viviendas en el Safranar, en cumplimiento de su promesa electoral de 2007, de edificar 5.000 pisos protegidos.
Según diversas fuentes, del total económico, la firma cobró 307.758 euros en noviembre de 2008 por un plan que quedó luego aparcado porque ni Català ni su sucesora en la alcaldía, Amparo Folgado, siguieron la tramitación.
La UTE a la que se adjudicó el proyecto estaba formada por Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción SL (25%), Pérez Segura Abogados Asociados 2007 SL (50%) y Exquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio SL (25%), según el informe elaborado por el gerente de Nous Espais, José Fermín Doménech. En el documento se indica que de las 14 ofertas que se presentaron, la de la UTE fue considerada la mejor, ya que obtuvo 70,7 puntos para un presupuesto de 1.785.000 euros, incluyendo el IVA, a mucha distancia de la segunda, que logró 58,6.
La adjudicación incluía la redacción del plan parcial que abarcaba una superficie de 223.946 metros cuadrados (300.000 euros), la integración territorial (90.000), la cédula de urbanización (20.000), el estudio de impacto ambiental (100.000), el anteproyecto de urbanización (400.000), el informe de sostenibilidad económica (30.000), la topografía (20.000), la justificación de las conexiones (25.000), la valoración de elementos incompatibles (15.000), el estudio de áreas semiconsolidadas (5.000), el estudio acústico (60.000), el estudio de integración paisajística y plan de participación pública (100.000) y el estudio geotécnico (30.000 euros).
La firma reclama desde 2014 un porcentaje del gasto que realizó para elaborar los estudios, que ascendería a unos 90.000 euros, según cálculos del área de Urbanismo, que todavía no ha resuelto si tiene la obligación legal de pagar.
