El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrent, que tramita la denuncia por los pagos de facturas de la limpieza viaria fuera de contrato en Aldaia, ha aceptado la petición del fiscal para que se declara la «complejidad» del caso y se amplíe el período de instrucción a 18 meses «sin perjuicio de su prórroga si procediere».
El fiscal formuló esta petición, entre otras razones, porque ha solicitado, de forma paralela, que se cite como investigados „anteriormente imputados„ a dos concejales del anterior gobierno local del Partido Popular, María José Cruz Vargas „al frente del área de Contratación, entre otras delegaciones, en la pasada legislatura„ y José Fontana García „edil responsable de la Brigada„, así como al funcionario que era el «responsable del servicio que visó las facturas». Ambos concejales ya no forman parte de la corporación local.
De forma paralela, el fiscal pide que se cite a declarar como investigados a todos los concejales que en la comisión informativa del 26 de noviembre de 2013 votaron a favor de pagar las facturas a la empresa, que contaban con un reparo del interventor. En esa situación estaban la exalcaldesa Carmen Jávega y los concejales populares Héctor Ferrandis, Juanjo Roca y Carlos Ibáñez Vico „que posteriormente abandonó el PP y ahora es concejal de Ciudadanos„, además de Fontana, así como la concejala de Els Verds, Lupe Murcia.
Una denuncia anunciada
El asunto arranca de finales de 2013 cuando llegó al pleno un paquete de facturas de cerca de medio millón de euros correspondientes a trabajos de limpieza viaria realizados por una empresa. Como en casos anteriores, la propuesta de acuerdo tenía un reparo del departamento de Intervención puesto que se realizaba fuera de contrato, ya que la adjudicación había caducado hacía casi una década. En aquella sesión, el concejal de Esquerra Unida, Juanjo Llorente, manifestó que en su opinión se estaba cometiendo una irregularidad.
Con posterioridad, este edil trasladó todo el asunto a la Fiscalía. Por su parte, el gobierno local dijo entonces que la convocatoria estaba preparándose y que la empresa había realizado los servicios, por lo que había que pagarlos. Además, los populares alegaron que la contrata caducada era un problema heredado de la anterior corporación socialista.
La denuncia de Llorente fue tramitada por el fiscal, quien inicialmente imputó a la concejala de Hacienda, Patricia de la Esperanza, en verano de 2014. Esta edila siempre defendió que ella sólo tramitó el pago por ser la titular de Hacienda pero no era responsable de la falta de contrato porque no era su competencia. La concejala también abandonó el PP meses después.
La petición del fiscal, formulada al juez a finales de mayo, ya ha sido comunicada a las partes aunque algunos de los afectados explicaron ayer a Levante-EMV que no han recibido la citación. Así se manifestó la exalcaldesa Carmen Jávega, quien mostró su extrañeza porque se citara a declarar a componentes de la comisión informativa «cuando este órgano no es decisorio sino que és el pleno el que levanta un reparo y acuerda el pago». También incidió en que el problema se originó en la etapa socialista, cuando caducó la contrata y no volvió a sacarse a concurso, y defendió que su grupo la regularizó.
Por su parte, Lupe Murcia de Els Verds indicó que tampoco ella ha recibido por ahora la citación del juez para acudir a declarar y recordó que el voto en una comisión no es decisorio sino informativo.
