Decenas de alumnos de 4.º de la ESO de quince centros de l'Horta y Camp de Túria se quedaron el pasado junio sin poder celebrar su fiesta de graduación al ser víctimas de los que ellos consideran una estafa, y como tal lo han denunciado sus familias ante la Policía Nacional. Estos jóvenes, nacidos en el año 2000 y por tanto con edades comprendidas entre los 15 y los 16 años, compraron por 18 euros una entrada para la fiesta «Especial Fin de Exámenes 20016», organizada por una conocida discoteca el viernes 17 de junio. Pero al llegar a la sala, los responsables de la misma no les permitieron la entrada esgrimiendo que eran menores de edad.

Los estudiantes compraron la entrada a través de personas que hacían de relaciones públicas de la discoteca, y que suelen ser alumnos o alumnas del mismo centro escolar. Además, en el caso de tres centros educativos de la Pobla de Vallbona, los afectados pagaron también un ticket de cuatro euros cada uno por el autobús fletado para el desplazamiento de ida y vuelta a la discoteca.

Según han explicado varios de los alumnos, los jóvenes iban conociendo los pormenores de la fiesta a través de comunicados en la cuenta de Facebook de dicha discoteca, así como a través de mensajes que la intermediaria les hacía llegar a los interesados.

En un audio presentado como prueba por una de las estafadas en la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional de Torrent y a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se puede escuchar al propietario de la empresa, que gestiona la discoteca situada en Albal, decir que se trata de una fiesta privada en la que pueden acceder los nacidos en el año 2000 aunque aún no hayan cumplido los 16 años, y lo hace pese a que en la misma entrada figura una cláusula que fija que se impide la entrada a menores de 16 años.

Los primeros problemas aparecieron cuatro días antes del evento, el lunes 13 de junio, cuando a través de las redes sociales la empresa comunica que se cambia la ubicación de la fiesta «por motivos burocráticos» a una discoteca de la Pobla de Vallbona, y que allí se prohíbe la entrada a menores de 16 años.

Los alumnos de este municipio solicitaron entonces la devolución del ticket de autobús, ya que no hace falta desplazarse, y la organización se lo deniega.

La respuesta se produjo al día siguiente, 16 de junio, cuando a través de otro comunicado en el muro de Facebook de la sala se informó que «por motivos de distancia» la fiesta se traslada a otra discoteca situada en El Saler.

Algunos padres y madres de alumnos de los centros de la Pobla, ante tales irregularidades, reclamaron la devolución de la entrada, y ante el silencio del propietario deciden poner una denuncia a la empresa organizadora en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Otros alumnos y alumnas decidieron ir a la discoteca del Saler y al llegar allí se encontraron que no era una fiesta privada para alumnos de 4º de la ESO, sino que había gente de todas las edades, que además se había superado el aforo y que a muchos nos les dejaban entrar por no tener cumplidos los 16 años.

Una de las madres que acompañó a varios alumnos a dicha fiesta pidió una hoja de reclamaciones, y ante la negativa del dueño de esta sala, llamó a la Guardia Civil. En un escrito, el dueño del recinto se desvinculaba de cualquier responsabilidad y defendía que él solo alquiló su local al dueño de la firma de ocio denunciada y por tanto no era responsable de los términos establecidos en la organización del evento. Tras la imposibilidad de poder entrar, algunos alumnos lograron establecer contacto con el empresario organizador, que les emplazó a poder entrar con la misma entrada a otra fiesta organizada el viernes 24 de junio. También les dijo que si no aceptaban esta alternativa, en los siguientes días publicaría en Facebook dónde y cuándo se devolverán los 18 euros de la entrada. Pero este comunicado nunca se hace realidad. Es más, y según ha comprobado este periódico, los responsables de la cuenta han borrado todos los mensajes relacionados con la fiesta del 17 de junio. Este diario ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con el empresario denunciado.