19 de julio de 2016
19.07.2016
Moncada

Medina culpa al gerente de Pemsa de hipotecar parcelas ya vendidas

El exalcalde y sus ediles en 2013 declaran ante el juez por una posible estafa al avalar un crédito con terrenos que ya no eran propiedad municipal

19.07.2016 | 07:24
Medina culpa al gerente de Pemsa de hipotecar parcelas ya vendidas

El exalcalde de Moncada y ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, así como varios de los concejales de su gobierno local en 2013 (incluidos los actuales portavoces del PP, Miguel Gallego, y de Ciudadanos, Jesús Gimeno), declararon ayer ante el juez en condición de investigados por un presunto delito de estafa por la hipoteca de unas terrenos de la empresa municipal Pemsa que habían sido vendidos previamente y con las que la mercantil avaló un crédito de 1,86 millones.

Al juzgado número 1 de Moncada que está realizando la investigación también acudieron ayer a declarar varios miembros del consejo de administración de Pemsa, pero no su gerente José Ignacio Orero, que también figura como querellado y a quien algunos de los ediles y exediles del PP han apuntado como responsable de las operaciones mobiliarias e hipotecarias que les han llevado ante el juez. Los regidores también señalaron ayer que en el pleno votaron a favor de hipotecar estas parcelas ya que contaban con informes favorables sobre esta operación del interventor y la secretaria municipal (esta última está previsto que declare como testigo mañana miércoles).

«El gerente de Pemsa siempre me dijo que estaba todo bien y los informes técnicos reforzaban esa postura», subrayó Jesús Gimeno tras su declaración, en la que aseguró que desconocía que las parcelas que fueron hipotecadas ya no fueran de propiedad municipal. Miguel Gallego, por su parte, insistió en que se trata de un «tema administrativo» y defendió que los ediles del PP votaron a favor de autorizar la operación «porque teníamos el informe favorable de los técnicos que nos decían que no había ningún problema».

Juan José Medina (que dimitió como concejal el pasado enero tras su detención por la operación Taula) fue el primero en declarar y también apuntó hacia el gerente de la empresa municipal y a los técnicos al asegurar que el primero no les informó de que las parcelas con las que se avaló el crédito para Pemsa ya estaban vendidas, y recordar que los segundos (el interventor y la secretaria) informaron a favor de la operación.

«Quedan muchas cosas por averiguar, entre ellas qué papel han jugado los técnicos. Yo no tengo porqué desconfíar de lo que estos me digan», señaló ayer a Levante-EMV el exalcalde y presidente del consejo de administración de Pemsa cuando se llevó a cabo la operación. Medina subrayó que Orengo «tenía los poderes de venta y traspaso de patrimonio de Pemsa» y aseguró que, si bien sí informó de que estaba vendiendo parcelas, «no lo hacía de forma puntual ni comunicaba qué terrenos ni a quién se los había vendido». Al igual que Gallego, también Medina consideró que se trata de «un asunto administrativo» y aseguró que la actual alcaldesa Amparo Orts denunció la actuación del anterior gobierno popular «con un fin completammente político».

Las declaraciones de ayer se producen en el marco de la investigación iniciada por el juez Joaquín Bosch después de que la Fiscalía de Valencia formulara una querella por un presunto delito de estafa contra todos los miembros del anterior equipo de gobierno de Moncada que presidía Medina en 2013, así como contra los miembros del consejo de Pemsa. El fiscal „que ayer no estuvo presente en las comparecencias de los investigados„ sospecha que al menos seis de las trece parcelas del polígono industrial III hipotecadas para recibir un préstamo de Bankia habían sido vendidas previamente, según denunció uno de los nuevos propietarios.

La fiscalía detalla en su querella que Pemsa era propietaria de una serie de parcelas en el Polígono Industrial Moncada III, y «al menos» seis de ellas fueron vendidas a diversos compradores entre el 3 de diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2012 «mediante sendos contratos que en ningún momento fueron elevados a escritura pública. Hasta el momento de la investigación del fiscal, los compradores han pagado 1,35 millones de euros de los 3,34 millones que se previeron en las distintas operaciones.

Pero el 3 de diciembre de 2013, y según señala también el ministerio público en su querella, en una notaría de Moncada el gerente de Pemsa otorgó escritura pública por la que la mercantil hipotecaba, a pesar de los seis contratos anteriores, estas fincas como garantía de un préstamo con Bankia por importe de 1,86 millones de euros. En ese momento, y desde el 19 de junio de 2013, el consejo de administración estaba formado por nueve de los ahora querellados, incluyendo el entonces alcalde y varios de sus concejales.

El día de antes a que Orero acudiera al notario, y según también subraya la querella, la operación había sido autorizada por el pleno municipal con el voto a favor de los 12 concejales del gobierno del PP y los 9 en contra de la oposición. De los políticos querellados, cuatro forman parte de la actual corporación municipal: el portavoz del grupo popular, Miguel Gallego, los concejales del PP Mª Dolores Muñoz y Miguel Benítez, así como el portavoz de C's, Jesús Gimeno.

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