Tres funcionarias del Ayuntamiento de Massalfassar han denunciado en el juzgado de Massamagrell las presuntas amenazas de muerte recibidas en su puesto de trabajo el pasado abril cuando un desconocido les remitió un anónimo dirigido a ellas, con sendas imágenes de mapas indicando la ubicación de sus viviendas particulares, así como el año de su nacimiento y, a su lado, el año 2016 con un interrogante. Sobre los mapas y las fechas aparece escrita a mano la frase «Vale todo. DEP». También el ayuntamiento ha denunciado estos hechos ya que el teniente de alcalde Joan Morant estaba presente cuando sus empleadas recibieron las supuestas amenazas.
Además, una de estas trabajadoras, Josefa Barres, también ha denunciado en sede judicial el envenenamiento de un perro de su hermano, el cual se había llevado con ella a una caseta de campo de su propiedad en la pedanía valenciana de Vistabella, ya que la mujer se encontraba sola y tenía miedo de las amenazas recibidas, según explica en el escrito.
En su denuncia ante la juez, Barres no duda en relacionar la muerte del can el 1 de mayo con los anónimos recibidos en el ayuntamiento el 18 de abril. Además, tanto ellas como sus compañeras subrayan en sus escritos que son testigos del procedimiento judicial que se sigue en el juzgado número 3 de Massamagrell contra el exalcalde de Massalfassar, Joaquín Soler (PP) y la secretaria interventora Emilia Mateu por presunta prevaricación «por haber dictado resoluciones administrativas al margen del ordenamiento jurídico», tal como informó este periódico en mayo de 2015. Dos de las trabajadoras denunciantes consideran que su citación como testigos en el caso podría tener «relación» con las amenazas recibidas. La carta anónima llegó al consistorio al día siguiente de que declarara una de ellas y días antes de que lo hicieran las otras dos.
Dos días después de llevar al juzgado la carta anónima amenazante, las empleadas municipales volvieron a dirigirse al juzgado indicando un posible autor de los hechos, al que conocen personalmente y al que dicen haber reconocido por su letra. Las funcionarias no han querido hacer público el contenido de esta segunda denuncia ni la identidad del sospecho, aunque han señalado que la carta fue remitida desde Burjassot.
Este periódico se puso ayer en contacto con el exalcalde Joaquín Soler, que negó «rotundamente» su relación con estos hechos y aseguró ser «el primer sorprendido» por lo sucedido.
Además de su actuación como testigos en el juicio contra el exalcalde y la secretaria municipal, dos de las funcionarias supuestamente amenazadas solicitaron que se incoara expediente disciplinario contra la habilitada nacional por varias faltas graves. Según el gobierno local que preside Carles Fontestad (Compromís) estas faltas corresponderían a un acoso y maltrato laboral y por eso el pasado 28 de abril su gobierno llevó a pleno la solicitud de incoación del expediente disciplinario a la Dirección de Administración Local de la Generalitat, aunque la propuesta no se aprobó por los votos en contra del PP y PSOE.
