21 de julio de 2016
21.07.2016
Torrent

El juez abre una investigación penal por la compra de uniformes de policía

El PP traslada al juzgado las 40 horas de grabaciones de la comisión de investigación que se ha celebrado en el consistorio

21.07.2016 | 07:43
El juez abre una investigación penal por la compra de uniformes de policía

Tal y como la Fiscalía recomendó hace unas semanas, el juzgado de instrucción número dos de Torrent ha abierto diligencias de investigación penal por el proceso de adjudicación y compra de los uniformes para la Policía Local, en la que el consistorio invirtió 200.000 euros. El asunto arranca de la denuncia que planteó el Partido Popular de la ciudad al fiscal, en la que le instaba a investigar todo el expediente, al considerar que en la compra se vulneraba el decreto autonómico respecto al color de las prendas „se había sustituido el amarillo por azul celeste„, y que se podía haber tratado de favorecer a una empresa, al redactar el pliego de condiciones del concurso.

A raíz de la documentación que aportó el PP, el fiscal instó al juzgado de Torrent a «iniciar el oportuno procedimiento penal» ya que «se ponen en conocimiento la existencia de determinadas irregularidades en el procedimiento de contratación para el suministro de vestuario de la plantilla de Policía Local». Así, a mediados de junio, el juzgado abrió diligencias penales, como se ha comunicado a las partes recientemente.

De forma paralela, el PP se ha personado en el caso «para aportar al juez documentación que no tiene y que el ayuntamiento no le llevará» y, según ha podido saber Levante-EMV, ha realizado dos ampliaciones de denuncia en las últimas semanas.

En la primera, tramitada el pasado 20 de junio, el letrado del PP aportó al juez las 40 horas de grabaciones de la comisión de investigación que, durante tres meses, se ha desarrollado en el seno del ayuntamiento, acompañadas de un informe con referencias y minutaje. En total comparecieron 28 personas entre técnicos, policías, empresa adjudicataria y otras firmas que quedaron fuera y hasta el propio director general de Seguridad, José María Ángel, así como el alcalde Jesús Ros y ediles del PSPV y el PP.

Más documentos al juez

Posteriormente, el 30 de junio, los populares realizaron la segunda aportación del documentación al juzgado, en la que se incluye el acta de la reunión del Gabinete Técnico de Coordinación de la Policía Local de la Comunitat Valenciana del 6 de abril de 2016. En aquel encuentro, celebrado en Cheste, se hizo salir de la sala al jefe de Policía de Torrent, Eduardo Martínez, como ya informó este diario. Además, José María Ángel informó sobre la uniformidad policial y manifestó que «se habían dirigido a los ayuntamientos de Torrent, Paterna y Requena escritos para requerirles que cumplan la normativa». «Estos ayuntamientos se han dirigido a la agencia para modificar algunas prendas de la uniformidad. Se pueden autorizar prendas distintas pero no un color distinto», dijo el director general de Seguridad, como consta en el acta. Esta afirmación contrasta con sus manifestaciones en la propia comisión de investigación.

Por otra parte, antes de trasladarse el asunto al juzgado, los populares entregaron a la Fiscalía un supuesto borrador del futuro decreto autonómico, que modificaría la uniformidad policial, con membrete de la Generalitat Valenciana y que también en la comisión de investigación tanto José María Ángel como otros representantes de la conselleria negaron que existiera. En principio, el cambio de uniformidad que decidió el gobierno local para la policía estaba argumentado en que la inminente aprobación del nuevo decreto introduciría el azul celeste, con lo que Torrent se habría adelantado.

Para el edil popular Nacho Carratalá, que ha denunciado en asunto desde el inicio, «si un gobierno incumple la ley, sigue adelante con una contratación a pesar de las advertencias de la Generalitat, sindicatos y grupos tanto del Ayuntamiento como de las Corts y adjudica sin la autorización, ese gobierno es responsable de sus actos». El PP considera que hay responsabilidades en el alcalde y en los concejales Juan Antonio Castillejo (Seguridad) y Andrés Campos (Contratación).

Por su parte, en el gobierno local socialista consideran que la apertura de diligencias penales «es un simple trámite que no aporta nada nuevo al proceso» además de esgrimir que «el alcalde fue el primero en enviar un escrito al fiscal para ponerse a su disposición y ahora hemos remitido al juez el expediente que nos ha pedido». Los socialistas consideran que han sido «transparentes» en este caso ya que «la oposición pidió una comisión de investigación y se ha hecho, y en ella han comparecido todas las personas que ellos pidieron».

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