25 de julio de 2016
25.07.2016
Paterna

Arranca el juicio contra Lorenzo Agustí por prevaricación en el caso del auditorio

El exalcalde de Paterna se enfrenta a un proceso por la adjudicación sin concurso la infraestructura municipal - El PSPV denunció los hechos y pidió nueve años de inhabilitación

25.07.2016 | 11:06
Lorenzo Agustí en la sala de lo penal, esta mañana.

El juicio contra el exalcalde popular de Paterna, Lorenzo Agustí (PP), por un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación del proyecto del auditorio municipal se ha iniciado esta mañana. El actual alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, impulsor de la denuncia, también declarará como testigo y estará asistido por el letrado Jorge Alarte, exalcalde de Alaquàs y exsecretario general del PSPV.

Agustí ha llegado al juzgado casi una hora antes para eludir a los medios de comunicación. Una vez en la sala, en su declaración, el exalcalde ha defendido que las bases del concurso que se convocó para elegir el proyecto del auditorio Antonio Cabezas daban la posibilidad de adjudicar el proyecto al ganador como procedimiento negociado sin publicidad. Por ello, la gerencia de la empresa municipal Sumpa y el ayuntamiento procedieron a cumplir el protocolo, tal como lo recogían los informes municipales y de la sociedad.

Lorenzo Agustí ha esgrimido a opción del concurso porque, de este modo, el consistorio tenía la previsión de gastos para cuando se convocaran las ayudas y ha añadido que había urgencia en iniciar el expediente para obtener las subvenciones del llamado Plan Zapatero, que impulsó el Gobierno socialista de la nación para estimular la economía en los primeros años de la crisis.

El 3 de julio de 2015, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna decretó la apertura de juicio oral contra el exalcalde popular, después de que en mayo la Fiscalía concluyese su investigación tras una denuncia del PSPV local y solicitase nueve años de inhabilitación para el exdirigente basándose en la «ilegal» forma de proceder al adjudicar «a dedo un contrato público, sin ningún tipo de publicidad ni concurrencia, y a sabiendas de que vulneraba los principios básicos establecidos para la contratación de las Administraciones Públicas».

Por su parte, el pasado noviembre la Audiencia Provincial de Valencia rechazó el recurso interpuesto por Agustí, contra el inicio del proceso abreviado abierto contra él por el caso Auditorio. Según el escrito de la Audiencia, Agustí había alegado «indefensión» respecto a la decisión del juzgado de instrucción número 1 de Paterna de sentarlo en el banquillo de los acusados, porque «no fue preguntado en su declaración prestada en fase de instrucción por los hechos que se contienen en el auto impugnado», así como que no hay «indicios suficientes de la comisión de infracción penal».

La sección quinta de la Audiencia Provincial consideró, en cambio, que «tanto la declaración prestada por el recurrente (es decir, el propio Agustí) como por los testigos, giran alrededor del proceso de contratación y las presuntas irregularidades cometidas en el mismo, que son los hechos que finalmente se describen en el auto de incoación de procedimiento abreviado». «No se aprecia, en consecuencia, la indefensión alegada, por lo que el motivo se desestima», concluye la Audiencia.

Condenar el mal uso del dinero

Así las cosas, sólo quedaba poner fecha para que Agustí se siente en el banquillo, y esto ha sucedido esta mañana para que la juez determine si hubo delito en la forma en la que se adjudicó a Estudio Arquitectura de Paterna la redacción del proyecto técnico del Auditori por un importe de 456.470,85 euros.

El PSPV local recuerda que en 2012 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo ya declaró nulo el acuerdo del ayuntamiento por el que se adjudicó el proyecto, tras el recurso interpuesto en 2010 por la Delegación de Gobierno, por lo que lo que se va a juzgar ahora es «si el exalcalde lo hizo a sabiendas de que estaba cometiendo una irregularidad», apuntó la portavoz socialista Nuria Campos. La edil aseguró que la denuncia buscaba «condenar el mal uso del dinero público por parte del PP, que vulnera los principios básicos de contratación».

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