"Yo me podría sentir responsable si alguien me hubiera dicho que lo que hacía era ilegal y, pese a eso, hubiera continuado. Pero no fue así". De esta forma se ha defendido en su alegato final el exalcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, en el juicio oral contra él por prevaricación que ha concluido hace apenas unos minutos y en el que también han declarado los habilitados nacionales queen 2010 informaron sobre presuntas irregularidades el proceso de contratación del Auditori.

Tras las conclusiones de la defensa y la acusación, Agustí ha tomado la palabra para reconocer que "es posible que en un Ayuntamiento como el de Paterna se puedan producir errores, pero si en este asunto se ha cometido algún error, no lo cometí yo". Tanto la Fiscalía como la acusación particular (el PSPV local, representado por Jorge Alarte) han confirmado su petición de 9 años de inhabilitación para Agustí por haber quedado demostrado que el exalcalde otorgó el contrato "de forma arbitraria" y sin seguir los preceptos legales de publicidad y libre concurrencia.

Esta mañana se ha celebrado la segunda y última sesión del juicio que dio comienzo el pasado lunes cuando, en su declaración como acusado, el exalcalde paterno defendió que todo se hizo con arreglo a la ley y de forma «escrupulosa», cumpliendo con el real decreto vigente cuando se realizó el concurso y en un proceso en el que los técnicos nunca pusieron ninguna pega. Estas fueron, básicamente, las tres líneas de defensa principales mostradas por el alcalde Agustí (PP), para defenderse de la acusación contra él por un presunto delito de prevaricación administrativa al haber adjudicado «a dedo» (según estableció el juzgado de primera instancia) a un estudio de arquitectura la redacción del proyecto básico y de ejecución del Auditori del Centro Musical Paternense. Ya en su primera declaración el también expresidente del PP de Paterna acusó a la secretaria municipal (que también ha declarado como testigo este jueves) de haber dado una «información incompleta» a la Abogacía del Estado sobre la adjudicación de este proyecto y por eso la Delegación del Gobierno recurrió el acuerdo municipal por el que se adjudicó el contrato.