El sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y presidente de la Fundación Francisco Balbastre, José Alfredo Cremades, declaró ayer en el juzgado número 1 de Mislata en calidad de investigado por la venta de dos pisos propiedad de la fundación a un particular y para informa de a qué se ha destinado el dinero obtenido.

La investigación se produce por la querella que presentó el pasado año Josefa Martí —la anciana que desde hace años pleitea con la fundación la propiedad del inmueble en el que vive—, y que sostiene que en el Registro de Fundaciones «no figura que se haya pedido el permiso» para la enajenación de dos viejas viviendas, situadas en la calle Buen Pastor, y de las que ha resultado un gran unifamiliar. La mujer insiste que las propiedades —en torno a media docena— que donó en su día Francisco Balbastre «eran para construir un hospital para personas sin recursos. Han vendido las casas y no hay hospital», critica.

Según ha podido saber este periódico, en su declaración ante el juez el sacerdote ha señalado que la compraventa de estos inmuebles ascendió a 180.000 euros, de los cuales él recibió 150.000 euros que ingresó en la cuenta bancaria de la fundación.

Los otros 30.000 euros, según señaló, los habría recibido la fundación antes de que él la presidiera (ya que todavía no era cura en Mislata) y que podrían haberse destinado a los gastos de la operación.

Además, Cremades aseguró que la fundación apenas tiene ingresos habituales y que el dinero de la compraventa se ha ido destinando a diversos gastos, especialmente a efectuar reparaciones en otros inmuebles habitados propiedad de la fundación, y para abonar facturas de agua y luz o la conservación de los edificios.

También explicó que parte de la cantidad ingresada se ha destinado a pagar los honorarios de los abogados para defender a la fundación en las causas que ha tenido abiertas contra Pepita. El sacerdote también negó que se haya apropiado nunca de parte de ese dinero y que las cuentas las audita la Generalitat todos los años.

Sobre la legalidad de la operación inmobiliaria, el presidente de la fundación Balbastre aseguró que su antecesor (que ya ha fallecido) solicitó el permiso para poder realizar la venta —tal como está obligado por ser una fundación— y que él mismo pudo comprobar que estaba todo correcto.