29 de julio de 2016
29.07.2016
Paterna

Los habilitados afirman ante la jueza que el contrato del auditorio fue "irregular"

El exalcalde Lorenzo Agustí defiende que no prevaricó porque «siempre» hizo caso al criterio de los técnicos

29.07.2016 | 04:15
Los habilitados afirman ante la jueza que el contrato del auditorio fue "irregular"

La segunda y última jornada del juicio oral abierto por un delito de prevaricación administrativa contra Lorenzo Agustí (PP), terminó casi como había empezado: con el exalcalde de Paterna eludiendo cualquier responsabilidad en la posible adjudicación irregular del proyecto del auditorio y mirando hacia los técnicos a la hora de buscar presuntos culpables. «Sólo al cabo de año y medio de aprobar el proyecto es cuando veo un baile de informes que no acabo de entender „aseguró Agustí en el alegato final que precedió al visto para sentencia„. Hubo disparidad de criterios entre unos técnicos y otros y yo no puedo hacerme responsable de eso». Y añadió después: «Yo me podría sentir responsable si alguien me hubiera dicho algo y, pese a eso, hubiera continuado. Pero no me puedo sentir responsable de la disparidad de criterios de otros».

Pero lo otros „o al menos, la secretaria municipal, el oficial mayor y el interventor„ ayer sí mostraron en su declaración ante la juez perspectivas más o menos unánimes sobre el proceso de contratación de las obras del auditorio, adjudicadas de forma irregular (según estableció el pasado año el juzgado de primera instancia) al estudio de arquitectura que había ganado el concurso de ideas convocado por la empresa municipal Sumpa.

Por ejemplo, la secretaria municipal María Teresa Morán, aseguró en su declaración como testigo y perito que el procedimiento «no era correcto porque no hubo una previsibilidad y continuidad entre el concurso de ideas y la adjudicación del contrato», tal como ya advirtió en un informe en marzo de 2010. La habilitada aseguró que ni ella ni el oficial mayor fueron conscientes de la posible ilegalidad hasta que vieron la orden de adjudicar el proyecto básico y el de ejecución directamente al estudio ganador del concurso. «Nos llamó la atención porque se decía por decreto que había que contratar un proyecto que ya se había adjudicado a una empresa en concreto por junta de gobierno», señaló. «Da la sensación que querían vestir de legalidad algo que ya estaba aprobado», añadió la secretaria a preguntas de la propia jueza.

A continuación declaró el entonces interventor municipal (jubilado desde hace dos años) Salvador Alfonso, que en marzo de 2010, cuando las obras ya se había ejecutado, hizo un informe proponiendo al pleno la convalidación del proyecto porque no había expediente de contratación, circunstancia que también mantuvo ayer. El habilitado aseguró que el proceso se realizó sin la obligatoria fiscalización, pero añadió que al alcalde «no le corresponde comprobar la correcta tramitación del expediente, y más cuando no existía advertencia de ningún funcionario». También afirmó que, menos en este caso, en toda su carrera nunca ha visto que se contratara para el proyecto de una obra al ganador de un concurso de ideas previo.

El oficial mayor, Jorge Vicente Vera, fue el último funcionario en declarar y su testimonio fue especialmente interesante ya que también había sido secretario de Sumpa durante el proceso. Por eso, la defensa de Agustí puso en duda que Vera no supiera o comunicara las posibles irregularidades en la contratación hasta que puso el primer reparo en abril de 2009 y advirtió en el informe conjunto con la secretaria de marzo de 2010. El oficial aseguró que, cuando firmó junto al alcalde el decreto de encomienda del proyecto a la Sumpa, «lo lógico era pensar que lo haría la Sumpa y no otra empresa». En su alegato final, Agustí acusó al oficial de decir «falsedades».

«No hubo reparo de legalidad»

Antes que los tres habilitados nacionales prestó declaración el jefe de planeamiento del consistorio. José María Torres defendió que el ayuntamiento encomendó el proyecto del auditorio a la empresa municipal porque no disponía de «proyectos ni medios humanos para presentarlos» a la financiación del Plan E. Torres aseguró que en la forma de adjudicación del proyecto «no había ningún reparo de legalidad» y añadió que los honorarios acordados para los socios de la empresa adjudicataria «los valoró el arquitecto municipal y consideró que se ajustaban a los módulos».

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