El Ayuntamiento de Torrent no ha aceptado a la primera la orden del Ministerio de Hacienda para que liquide el Consell Agrari Municipal por haber tenido un cierre económico negativo en el ejercicio 2014. Tras recibir ese requerimiento por parte de Hacienda, en base a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que aprobó el Gobierno de Rajoy, el ejecutivo local socialista ha formulado alegaciones.

En el escrito, el consistorio esgrime que el Consell Agrari es «un organismo autónomo municipal de naturaleza administrativa» ya que, como se refleja en sus estatutos, su «finalidad principal» es el «desarrollo y la ejecución de obras y servicios de interés agrario propios de la competencia municipal», así como«la conservación, vigilancia y custodia de caminos e instalaciones municipales en el medio agrario».

La alegación añade que el Consell Agrari se dedica «principalmente» a la «conservación y mantenimiento de los caminos rurales de titularidad municipal». Y además recuerda que estas competencias las tiene en base a la por legislación vigente.

De ahí que el ayuntamiento considere que la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local en la que se ha basado Hacienda para pedir a Torrent que liquide el Consell Local —igual que ha ordenado a Burjassot cerrar el Instituto de Cultura y la Fundación Vicent Andrés Estellés, o al Ayuntamiento de Valencia desmantelar la Entidad Metropolitana de Transporte (EMT)— no afecta realmente a este organismo porque «no desarrolla ninguna actividad económica». Con este argumento, el consistorio pide que se archive el procedimiento.

De forma paralela, el gobierno local también ha informado a Hacienda de que en el ejercicio 2015, el Consell Agrari Municipal tuvo un cierre positivo de 544,65 euros, lo que invertiría la tendencia del ejercicio anterior, cuando la liquidación arrojó un déficit de 7.000 euros que ha sido el argumento de Hacienda para pedir la liquidación.

Ante los acontecimientos, el alcalde Jesús Ros tiene previsto convocar una reunión de la dirección del Consell Agrari, en la que se debatirá qué medidas se adoptan, en caso de que el Gobierno rechace las alegaciones y persista en su intención de que se liquide este organismo autónomo municipal.