El Ministerio de Hacienda ha remitido un segundo escrito al Ayuntamiento de Torrent en el que da marcha atrás a su orden para que se liquidara el Consell Agrari Municipal, por haber cerrado con déficit en el año 2014, y se ofrece a buscar «soluciones» a la hora de aplicar la nueva regulación de la Ley de Bases de Régimen Local, teniendo en cuenta la realidad municipal.
El documento, que ha llegado sin fecha y que incluye un texto genérico que también se ha remitido a otras ciudades, dice ahora que el escrito anterior era simplemente un «requerimiento de información» aunque realmente instaba al consistorio a que comunicase la liquidación de este organismo autónomo y procediera a darlo de baja de los registros oficiales del Estado.
El alcalde de Torrent, Jesús Ros, informó ayer de esta segunda carta a los representantes del Consell Agrari Municipal „miembros de los grupos municipales y labradores„ en una reunión convocada de urgencia a instancias del grupo municipal Compromís.
Su representante, David Baviera, pidió en el organismo que el escrito de alegaciones que inicialmente había presentado el ayuntamiento „reclamaba que no se a aplicara la ley al Consell por tratarse de una institución municipal sin actividad económica„ se acompañara de un informe jurídico más sólido, para evitar el cierre. «El alcalde nos ha informado de que ya ha encargado este informe a Secretaría y que lo tendremos en septiembre», indicó el edil a Levante-EMV al finalizar la reunión.
El Consell Agrari Municipal cerró el ejercicio 2013 con pérdidas por valor de 25.000 euros, según fuentes de la reunión, y el año 2014 con un déficit de 7.000 euros. En 2015 el balance fue positivo y se confía en que éste también lo sea porque «se ha aprobado un presupuesto muy realista», indica el propio Baviera.
Por su parte, el representante socialista José Antonio Castillejo indicó que «se hará todo lo posible para no cerrar el Consell Agrari» y calificó que «pasada de frenada» el primer requerimiento del Ministerio de Hacienda, que se ha enviado a diversas ciudades valencianas, entre ellas el 'cap i casal'' „se exigía al alcalde Joan Ribó que desmantelara la Empresa Municipal de Transporte (EMT)„ y al consistorio de Burjassot „se le exigió la liquidación del Instituto de Cultura Municipal y la Fundación Vicent Andrés Estellés„.
Además, el PSPV prepara una moción para septiembre en la que pide la paralización de todas las órdenes de cierre emitidas por el ministerio con destino a ayuntamientos de toda España, según el portavoz Andrés Campos.
En las filas de Guanyant Torrent, Jaume Santonja, criticó la «política de hechos consumados» del Gobierno que «desde 2013, cuando cambió la ley y se produjo el primer déficit, no había realizado ninguna comunicación instando a tomar medidas hasta julio de este año, en que ordenó cerrar el Consell». El edil interpreta que «esta maniobra obedece a razones políticas del ministerio de cara a aparentar ante la UE que toma medidas contra el déficit, sin respetar a los ayuntamientos».
El escrito remitido hace unos días por Hacienda reconoce precisamente que la Administración local «es la que mejor se ha comportado en el cumplimiento de los objetivos de déficit, dentro del procedimiento de Déficit Excesivo en el que se encuentra España». Además, indica que la aplicación de las leyes de estabilidad presupuestaria «es la senda más adecuada para garantizar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad a los ciudadanos».
El ministerio se compromete en el escrito a velar «caso por caso, conforme a las alegaciones presentadas por los propios municipios, por la búsqueda de la solución más adecuada, que permita conciliar los fundamentos legales con el uso adecuado de los recursos públicos»
