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Cámaras

La Mancomunitat reclama a la gestora saber qué cuesta apagar los fotorrojos

La empresa se niega a paralizar el contrato mientras el Supremo resuelve el recurso de casación

La Mancomunitat reclama a la gestora saber qué cuesta apagar los fotorrojos

La Mancomunitat de l'Horta Sud sigue negociando con la empresa que gestiona el servicio de los conocidos como fotorrojos, el sistema de cámaras que capta a los infractores que se saltan el semáforo en rojo instalado en Catarroja, Sedaví, Picanya, Massanassa y Beniparrell, la posible rescisión del contrato firmado en diciembre de 2014 por el anterior equipo de gobierno, liderado entonces por el Partido Popular. La última medida ha sido reclamar a la gestora que cuantifique cuánto costaría rescindir la concesión.

Las quejas de la mayoría de los alcaldes afectados propició a finales de junio que la junta de gobierno de la Mancomunitat acordará solicitar a la empresa la paralización del servicio de las cámaras mientras el Tribunal Supremo resolvía el recurso de casación que presentaría el ente comarcal para dirimir si el sistema era legal o no. La decisión venía motivada por varias sentencias recogidas en diferentes juzgados que en algunos casos dieron la razón a los conductores infractores, esgrimiendo que era necesario el control metrológico de las cámaras. Los otros fallos consideraba legal el proceso sancionador.

La respuesta de la concesionaria —Asesores Locales Consultoría S. A. — fue negativa argumentando que «no hay causa legal que ampare a la Mancomunitat a suspender el contrato» y aunque reconoce la sentencias judiciales contradictorias «esta disparidad no es imputable» a la gestora.

Ante el rechazo de la empresa, la Mancomunitat le ha trasladado que remita la cantidad que debería abonar cada municipio por rescindir el contrato. Desde el ente comarcal aseguran que con los beneficios del primer año de funcionamiento —con un balance de 34.700 sanciones, lo que supone un montante de 6,9 millones de euros, de los que solo se han ingresado 1,7—la amortización de la instalación del sistema estaría resuelta. El principal escollo es el lucro cesante, cantidad que la empresa tiene previsto ingresar durante los casi tres años de contrato que restan, ya que se embolsa el 20% de cada sanción.

Bielsa: «Pagará cada pueblo»

El presidente de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa, indica que el ente comarcal «media y negocia» con la gestora para evitar un litigio que «costaría mucho dinero» pero insiste que «es cada municipio el que deberá decidir, una vez nos remitan la cantidad del lucro cesante, si paga y rescinde o continúa con la concesión». De los 21 municipios que conforman la Mancomunitat solo cinco decidieron adherirse al sistema de fotorrojos.

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