La junta de gobierno de Godella ha aprobado anular la primera prueba correspondiente a la oposición a cinco plazas de auxiliar administrativo al aceptar el recurso que presentó un aspirante que alegó ver vulnerados sus derechos al no poder realizar el examen en valenciano. La decisión se ha tomado en base al informe que encargó a la dirección general de la Administración Local de la Generalitat y que determina que un cuestionario tipo test «es un documento oficial» y no facilitarlo en valenciano «puede afectar al derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución».

El caso, destapado por este periódico, se remonta al paso junio cuando centenares de aspirantes„había 800 convocados„ se presentaron al examen en el campus de Burjassot. Dos días después uno de los examinados presentó un recurso en el ayuntamiento solicitando que se anulara la prueba porque no la pudo contestar en valenciano. El chico utilizaba como argumento la Constitución y la Llei d'Ús del Valencià. Además, denunció el trato que recibió del presidente del tribunal examinador que, ante su petición de que le dieran el cuestionario en lengua propia, le respondió en tono elevado: «no lo tenemos en valenciano y no te lo vamos a dar; así que o lo haces en castellano o te vas». Posteriormente otros aspirantes y Comisiones Obreras también solicitaron la nulidad del proceso.

El consistorio, presidido por Compromís, respondió entonces que «no dio tiempo» a traducir el examen ya que «para mayor seguridad» el cuestionario se elaboró ese mismo día. Además, anunciaron que encargaría un informe a la Generalitat para conocer sobre la obligación legal de que los procesos selecctivos se desarrollen en castellano o en las dos lenguas oficiales y si la inexistencia de tener el test en valenciano vulneraba la legislación vigente y el derecho de los participantes. Pues bien, el documento de la Dirección General de la Administración Local, al que ha tenido acceso este diario, concluye, tomando como base la Carta Europea de las Lenguas Regionales, la Constitución, el Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y la Llei d'Ús del Valencià, que el «cuestionario tipo test es un documento oficial, ya que es una prueba que forma parte de un proceso selectivo dirigido al acceso a la función pública, para lo cual las entidades locales habrán de adecuar sus medios personales y materiales para cumplir una obligación que impone la legislación vigente, derivada de un derecho de los administrados a usar la lengua propia de su comunidad autónoma» y que la negativa a poder hacerlo «podrá afectar el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución».