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Multas de tráfico

Catarroja pide al Consell respaldo para romper el contrato de los fotorrojos

El consistorio pregunta a la dirección general de Administración Local y a la FVMP si existe causa de interés general, al haber sentencias contradictorias

El gobierno local de Catarroja está decidido a que se rompa el contrato con la empresa que, a través de la Mancomunitat de l'Horta Sud, instaló las cámaras de fotorrojos. Por este motivo, el alcalde Jesús Monzó ha pedido a la dirección general de Administración Local que se pronuncie sobre determinados aspectos que podrían ser clave en la rescisión del contrato con la concesionaria.

El consistorio quiere saber si existe un causa de interés general para resolver el acuerdo, ante la disparidad de opiniones que juzgados han manifestado en estos meses, desde que se instaló el sistema, ante denuncias vecinales. En concreto se refieren a los juzgados uno, dos y seis de lo contencioso-administrativo de Valencia, que han validado el proceso sancionador, mientras que el número tres ha estimado los recursos de los conductores y ha anulado las sanciones, al considerar que el sistema debe estar sujeto a control metrológico para ser legal.

Jesús Monzó ha planteado esta cuestión tanto a la dirección general de Administración Local como a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), a la que también pide un pronunciamiento oficial.

Monzó quiere saber qué consecuencias puede tener la firma o no de las sanciones para que sean tramitadas, que corresponde a cada alcalde. Desde hace meses, el mandatario de Catarroja no rubrica estas sanciones, a raíz de producirse la disparidad de sentencias. Ahora, un informe del secretario municipal establece que debe firmarlas para que sigan su curso «por la desigualdad y el agravio» que supondría para otros conductores multados.

Incumplimiento del contrato

Por otro lado, el consistorio quiere saber qué condiciones económicas se derivarían si finalmente se rompe el contrato y si el consistorio estaría obligado a abonar una indemnización a la empresa.

En el ayuntamiento opinan que el contrato puede rescindirse sin pagar ninguna cantidad ya que se han detectado diversos incumplimientos del pliego de cláusulas técnicas por parte de la concesionaria. Por ejemplo, la firma debería haber proporcionado una aplicación de movilidad para tramitar los boletines de infracción, así como impresoras móviles, además de haber cambiado de unibación las cuatro cámaras, como se le solicitó.

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