El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha sido condenado a pagar 2,83 millones de euros por la expropiación de dos parcelas cedidas a la Generalitat para la construcción del IES Río Túria y por los intereses devengados por los más de 13 años de conflictos judiciales entre los propietarios de los terrenos y el consistorio. En concreto, en junio de 2015 la Sala de lo Contencioso Administrativo estableció el valor en justiprecio de 729.591 euros para una parcela de 3.020 metros cuadrados, y de 1.361.854 euros para la otra parcela de 5.637. En total, 2.091.445 euros. Pero el pasado 5 de abril de 2016 la Sala de lo Contencioso Administrativo acordó fijar los intereses que el ayuntamiento tiene que abonar a los propietarios en 744.239,04 euros. Es decir, la expropiación forzosa de éstas dos parcelas, costará 2.835.684 euros.

Ayer, EU de Quart se hizo eco de estas dos sentencias y en un comunicado se preguntaba que, si la expropiación se inició en abril de 2003, «¿por qué no llegaron en aquella fecha a un acuerdo para establecer el justiprecio de estas parcelas?» «De haber llegado a un mutuo acuerdo „continúa EU„ ¿hubiéramos pagado 2.091.445 euros sin tener en cuenta los intereses que han ocasionado? ¿Y qué coste en la defensa jurídica y costas judiciales le ha supuesto al ayuntamiento la presentación de recursos, impugnaciones, etcétera en todo este proceso?».

Recuerda EU que el ayuntamiento cuenta con un servicio para el asesoramiento jurídico, representación y defensa judicial «con un coste superior a los 70.000 euros anuales, con un técnico en cuestiones jurídicas de urbanismo que cuesta 70.846 euros y una parte técnica administrativa de la Oficina de Urbanismo que nos cuesta más de 650.000 euros». Por eso, exige al gobierno que encabeza Carmen Martínez «que explique porqué vamos a pagar esta cantidad de dinero en la expropiación de estas parcelas y en intereses y que depure responsabilidades por la actuación negligente».

Ayer, y en declaraciones a este periódico, fuentes del gobierno local socialista señalaron que estas sentencias son «un caso más de los muchos que se dan en ayuntamientos cuando hay expropiaciones, ya que es habitual que se produzcan discrepancias entre las partes en cuanto al justiprecio marcado por el jurado de expropiación». «Se trata de procesos que se suelen dilatar en el tiempo „añadieron las fuentes„, como ha ocurrido en esta ocasión, en la que el ayuntamiento ha estado defendiendo el interés general del municipio, pero habiendo ya una resolución judicial firme, simplemente vamos a acatarla sin problemas, ya que las arcas están saneadas y podemos hacer frente al pago sin mayores incidencias». «Lo importante en esta cuestión es la inversión en educación que se hizo en su día y que ha supuesto, sin duda, un importante beneficio para Quart», concluyeron.